Las petroleras creen que prohibir los vehículos no eléctricos «socava la libertad y progreso» del sector
La AOP arremete contra la amenaza de multas de hasta 30 millones a las gasolineras que no instalen puntos de recargas
El presidente de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Luis Aires, ha lamentado que la intención del Gobierno de prohibir en 2040 la circulación de vehículos que no sean eléctricos «socava los principios de libertad y progreso» del sector.
En un acto de celebración del 25 aniversario de la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), Aires consideró que esta medida, recogida en el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica del Gobierno, va en contra del «progreso y la neutralidad tecnológica» y, además, crea «incertidumbre» en el sector automovilístico.
En presencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el presidente de la AOP defendió que el sector ha demostrado ser «valiente», como cuando en plena crisis invirtió 8.000 millones de euros en modernizar las refinerías en España, y aseguró que no «le asusta competir», ya que la gestión de riesgos «está en su ADN».
No obstante, afirmó que la decisión de prohibir a partir de 2040 vehículos que no sean eléctricos puros «no es una medida sensata» y restringe «la libertad de desarrollo del sector», poniendo además en riesgo «la competitividad y el empleo».
Asimismo, subrayó que esta «incertidumbre» lleva a que se retrasen las decisiones de compras de vehículos por los consumidores, lo que «afecta a la modernización del parque automovilístico».
INCENTIVO A LA RENOVACIÓN, «SEA DE LA TECNOLOGÍA QUE SEA».
Por ello, pidió que se permita que las distintas tecnologías «compitan entre sí» en igualdad de condiciones y solicitó medidas que incentiven la renovación del parque automovilístico, «sea de la tecnología sea», ya que ayudará a mejorar la calidad del aire en las ciudades.
Por otra parte, consideró que la obligación para las estaciones de servicio de instalar puntos de recargas, con sanciones que pueden llegar hasta los 30 millones de euros en el caso de no llevarse a cabo, «no parece respetar el principio de libertad». ¿Quién va a pagar esas inversiones, que no se van a amortizar en su vida útil?. ¿Vamos a generar un nuevo déficit de tarifa como el de las primas a las renovables?, se cuestionó.
