Pagaza lleva el caso de Canet a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE y reclama una reacción europea

Denuncia el acoso, aislamiento y estigmatización de la familia del niño bajo el «amparo» del Govern, que defiende el «adoctrinamiento»

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha pedido al director de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE, Michael O Flaherty, que dé asesoramiento independiente al Gobierno en relación con el caso de la familia de Canet y ha reclamado una reacción europea «contundente» ante la «estigmatización» institucional en Cataluña.

«La estigmatización desde las instituciones del que piensa distinto, el adoctrinamiento y la vulneración de derechos fundamentales de los niños por parte de los secesionistas catalanes deben generar una reacción europea», ha reivindicado la dirigente de la formación naranja en una carta dirigida a O Flaherty.

En este sentido, ha recordado que el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE) prohíbe toda discriminación por razón de lengua y, a su juicio, este precepto se incumple de manera «sistemática» en Cataluña, «en especial en la escuela y la universidad».

La también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior ha explicado en la citada misiva que la Justicia ha reconocido que debe ofrecerse al menos el 25% de español en las aulas y que, sin embargo, la Administración catalana «no lo cumple y se ha declarado en rebeldía, sin que el Gobierno central haga nada para evitarlo».

ACOSO AMPARADO POR EL GOVERN

En esta línea, le ha trasladado que la familia de la localidad barcelonesa que reclamó el cumplimiento de la sentencia para su hijo de 5 años está siendo objeto de «un movimiento de acoso, aislamiento y ataques por parte de otros padres de la escuela, bajo el amparo de una parte de la clase política y de las autoridades regionales».

Asimismo, Maite Pagaza ha censurado que la Administración regional competente no solo «se niega a acatar» las resoluciones de los tribunales, «sino que también está protegiendo y alentando una campaña de acoso e intimidaciones de índole nacionalista excluyente contra las familias» que quieren que sus hijos puedan recibir clase en las dos lenguas cooficiales constitucionalmente.

En esta clave, la europarlamentaria ha asegurado que los sucesivos gobiernos de Cataluña «llevan décadas desarrollando una estrategia política en detrimento del español», al tiempo que ha señalado que la lengua se utiliza como «elemento de construcción identitaria de tipo excluyente».

En sus palabras, «imponen» el catalán como única lengua en la que realizar trámites con la Administración, «eliminando» el castellano de los medios públicos y estableciendo el conocimiento del catalán como «requisito excluyente para el acceso al empleo público».

En el ámbito educativo, ha criticado que «impedir» la educación en castellano en las escuelas es «uno de los eslabones de la cadena que neutraliza, de facto, los derechos fundamentales de miles de familias», pero especialmente «grave por tocar a los derechos de los menores», ha enfatizado.

Por último, ha concluido insistiendo en que la Agencia proceda a recoger y analizar información relativa a la situación descrita porque «es evidente» es evidente la vulneración de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).