El Parlamento de Puntlandia rechaza la ampliación del mandato del Gobierno federal somalí
El Parlamento de la región somalí de Puntlandia ha rechazado este sábado por abrumadora mayoría la posible ampliación del mandato del Gobierno federal de Somalia sobre la zona, en un paso más dentro de la crisis electoral, territorial y política que sacude el país desde hace meses.
Puntlandia, una región enfrentada con el todavía presidente del país, Mohamed Abdullahi Farmajo , se niega así a reconocer cualquier tipo de mandato del actual Gobierno somalí que, junto con el mandatario, se encuentra en un estado de limbo tras el aplazamiento de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para febrero, a pesar de sus esfuerzos de esta semana para mantenerse en el poder.
El Parlamento regional de Puntlandia ha rechazado la extensión del Gobierno federal por 49 votos a favor de entre los 52 diputados presentes (la cámara tiene 66 escaños). Solo un diputado votó a favor, y dos se abstuvieron, informa el portal de noticias somalí Garowe On Line.
Farmajo , mientras tanto, esta reunido este sábado con representantes de la comunidad internacional, quienes le han exigido que «regrese inmediatamente a las conversaciones» para poner fin al estancamiento electoral en curso, según informan fuentes del portal de noticias Goobjoog.
Esta reunión tiene lugar una semana después de que la Cámara Baja del Parlamento federal somalí aprobara unilateralmente una resolución que otorgaba a Farmajo dos años más en el cargo, una decisión cuyos críticos calificaron directamente de anticonstitucional.
La administración del presidente saliente somalí manifestó el miércoles su apoyo a la resolución y arremetió en su lugar contra la comunidad internacional por efectuar un intento de «chantaje» y de «cambio de régimen».
La oposición ha pedido abordar la aplicación del acuerdo de septiembre sobre la formación del comité encargado de las elecciones –cuya composición actual rechazan–, aspectos relacionados con la seguridad del proceso, cambios en la cúpula del Ejército y la Policía y un compromiso de Farmajo a limitar sus competencias, así como que se investigue la represión de las protestas del 19 de febrero, que se saldaron con diez muertos.
