Organizaciones sociales piden la «democratización de la Justicia» en Argentina

Activistas por los Derechos Humanos y militantes gremiales han pedido este miércoles la «democratización del sistema judicial en Argentina», repudiando «la proscripción» de la vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner.

Los manifestantes –frente al Palacio Tribunales de Buenos Aires– han reclamado también el avance en la causa que investiga el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, que «avanza a paso de tortuga» porque «no quieren que se sepa quiénes estuvieron detrás del atentado», según ha informado la agencia de noticias Télam.

«Nos inunda una gran satisfacción y un gran orgullo, por esta unidad con movilizaciones y actos, para exigir la democratización del sistema judicial y terminar con estos 4 supremos de la (in)justicia», ha destacado Hugo Godoy, titular de la Central de los Trabajadores Argentinos Autónoma (CTAA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

«Estuvimos acá hace un año y en ese momento decíamos remoción y juicio político a los jueces del tribunal. Hoy el juicio político es una realidad», ha expresado el secretario general de CTA y diputado del Frente de Todos (FdT), Hugo Yasky.

También ha denunciado el escándalo de los supuestos chats entre funcionarios macristas, empresarios de medios y jueces donde salió a flote «la podredumbre del Lago Escondido», en alusión a un viaje donde supuestamente jueces, políticos y empresarios de comunicación fraguaron una estrategia común en defensa del expresidente Mauricio Macri, un día después de la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta Cristina Fernández.

El juez Juan María Ramos Padilla, uno de los impulsores de la marcha, ha instado a que «los jueces se empiecen a comportar como trabajadores y atiendan a su pueblo», pidiendo «soberanía política, independencia económica y justicia social» y llamando a recuperar «la justicia para los argentinos» a partir «una reforma judicial profunda».

En tanto, Godoy ha señalado que el TS «está al servicio de los intereses del privilegio» y ha recordado que cuando se puso «en marcha el juicio político, los primeros que salen a decir que están en desacuerdo son los 500 grandes empresarios».

«Acá estamos para repudiar y gritar muy fuerte ¡Basta de mafia judicial!, basta con este nefasto partido judicial. Y tenemos que apoyar con toda nuestras fuerzas este juicio político que se le está haciendo a al Tribunal Supremo», ha aseverado Taty Almeida, que pertenece a Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

El diputado nacional Juan Marino (FdT) ha sostenido que este acto «tiene que ser el inicio de una gran campaña de movilización en todo el país», mientras que ha pedido «culminar con una gran movilización el 24 de marzo para decir basta a la mafia judicial y en defensa de la democracia».

Las autoridades argentinas, como el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, han criticado en numerosas ocasiones el «deterioro» del Poder Judicial por su supuesta connivencia con el expresidente Mauricio Macri.

«Nosotros tenemos un diagnóstico que tiene que ver con un estado de deterioro del Poder Judicial. Lo venimos advirtiendo desde el famoso decreto de Macri que designó a dos jueces del Tribunal en comisión. Nos preocupa el estado de un sector de la Justicia», afirmó en diciembre el ministro.

De hecho, el presidente argentino, Alberto Fernández, ha iniciado un procedimiento parlamentario para destituir al Tribunal Supremo por el «mal desempeño de sus funciones» y «parcialidad».

El presidente justificó este insólito paso apelando a su propio deber –«al asumir mi mandato juré observar y hacer observar la Constitución en cuanto de mi dependiere»–, por lo que confía en «impedir que se siga manipulando el Consejo de la Magistratura con insólitas interpretaciones jurisprudenciales que permiten al Poder Judicial entrometerse en las decisiones del Congreso Nacional».

Fernández y su número dos, la vicepresidenta Cristina Fernández, no han escatimado críticas en estos últimos meses contra la cúpula judicial, que consideran al servicio de los intereses políticos de dirigentes opositores como Mauricio Macri. Ambos enmarcan dentro de esta presunta persecución la reciente condena contra la vicepresidenta por corrupción.