Ola de críticas ante los planes de Bolsonaro de conmemorar el golpe de Estado que dio inicio a la dictadura
MADRID, 27
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pretende restaurar el 31 de marzo como día festivo en los cuarteles militares para conmemorar el golpe de Estado que en 1964 dio inicio a una dictadura de más de 20 años, lo que ha suscitado una fuerte reacción de instituciones y sociedad civil.
«A partir de este año, Brasil conmemorará el aniversario del 31 de marzo de 1964», anunció el martes vía Twitter la diputada oficialista Joice Hasselmann. «Retomamos la verdadera narrativa de nuestra Historia. Orgullo brasileño», celebró.
Bolsonaro, ex militar, no ha ocultado en ningún momento su nostalgia por la época del régimen castrense. Ha apostado por reforzar la presencia de la institución armada en la política brasileña incluyendo a varios uniformados en su Gobierno.
Uno de sus hijos, Eduardo Bolsonaro, ha difundido recientemente por redes sociales el trailer de un documental que legitima la dictadura militar que gobernó el gigante suramericano entre 1964 y 1985. «Cuenta verdades nunca contadas, y mucho menos por los profesores de Historia», dijo en Twitter.
Esta medida, que según Hasselmann ya está en el orden del día de las Fuerzas Armadas y cada comandante decidirá cómo se llevan a cabo los festejos, ha suscitado un enérgico rechazo.
«Festejar la dictadura es festejar un régimen inconstitucional responsable de graves crímenes y violaciones de los Derechos Humanos», ha dicho la Fiscalía Federal para los Derechos del Ciudadano (PFDC), en un duro comunicado en el que advierte sobre posibles consecuencias legales para el Gobierno.
En su opinión, «esta iniciativa suena como apología de la práctica de atrocidades masivas y, por tanto, merece repudio social y político, sin perjuicio de las repercusiones jurídicas». «Utilizar la estructura pública para defender y celebrar crímenes internacionales (…) puede constituir un acto de indecencia administrativa», ha indicado.
Por su parte, el Defensor Público de la Unión (DPU) ha iniciado una acción civil contra el Estado en la que pide una medida cautelar para impedir que las Fuerzas Armadas conmemoren el golpe de Estado basándose en «el principio de moralidad administrativa, en el debido proceso legislativo y en el respeto al Estado Democrático de Derecho».
En la misma línea, el Ministerio Público Federal (MPF) ha enviado o se dispone a enviar notificaciones a al menos 18 unidades militares de todo Brasil en la que les advierte en contra de realizar actos conmemorativos el próximo 31 de marzo, avisando a los comandantes de que podrían incurrir en un «acto de indecencia administrativa», según informa O Globo .
Desde la sociedad civil, la Asociación de Abogado Brasileños, ha expresado su preocupación por el «camino oscuro» que el Gobierno de Bolsonaro se dispone a recorrer si finalmente festeja el 55º aniversario del golpe de Estado.
«Bolsonaro ha criticado con acierto a los gobiernos de Cuba y Venezuela por violar los derechos fundamentales de sus pueblos pero al mismo tiempo celebra una dictadura militar que provocó un sufrimiento inenarrable en decenas de miles de brasileños. Es difícil imaginar un ejemplo más claro de doble estándar», ha dicho el director de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, José Miguel Vivanco.
Vivanco ha recordado a Bolsonaro que, si sigue adelante, estará celebrando «el cese de 4.841 representantes electora, 20.000 personas torturadas y 434 muertas o desaparecidas», unos abusos por los que todavía nadie ha sido culpado, ha recalcado HRW.
«Estoy indignado», ha dicho a HRW el hijo de Vladimir Herzog, un periodista que fue brutalmente torturado y asesinado por agentes del Estado en 1975. Conmemorar el golpe de Estado «es ofensivo, una tortura para los familiares de los asesinados», ha declarado.
