Ocho organizaciones piden asistencia sanitaria «sin demora ni restricciones» para migrantes en situación irregular

Ocho sociedades y asociaciones científicas han firmado un posicionamiento en el que reclaman un acceso a la asistencia sanitaria «sin demora y sin restricciones» para migrantes en situación irregular y solicitantes de protección internacional.

Las personas migrantes en situación irregular y las personas solicitantes de protección internacional (por razones políticas, raciales, religiosas o de orientación sexual) tienen reconocido y garantizado en España el derecho a la asistencia sanitaria en igualdad de condiciones que las personas con nacionalidad española.

«Las administraciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico o local, tienen la obligación de hacer efectivo ese derecho a la asistencia sanitaria de la manera más diligente posible, facilitando el cumplimiento de los requisitos básicos para acceder a la tarjeta sanitaria; sin que se produzcan dilaciones indebidas en el tiempo que atrasen el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de todas las condiciones de salud, en especial de aquellas que puedan tener una mayor repercusión en la salud pública por ser enfermedades infecciosas que pueden transmitirse a terceras personas», reclaman estas entidades.

Entre estas enfermedades, que son de declaración obligatoria por su impacto en la salud de la sociedad, se encuentran: la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), las hepatitis virales, la tuberculosis, las infecciones de transmisión sexual (ITS), y otras enfermedades infecto-transmisibles. «En todas ellas el diagnóstico y el tratamiento temprano son imprescindibles para la salud del individuo y de la comunidad», resaltan.

En este sentido, recuerdan que «es especialmente delicada» la situación en que se encuentran aquellas personas que están infectadas por el VIH o que están en riesgo de infectarse. «Las barreras de acceso al diagnóstico y al tratamiento profiláctico (la PrEP) o terapéutico (los antirretrovirales) impiden la consecución de unos objetivos clínicos, epidemiológicos, de economía de la salud y de salud pública que redundarán en beneficio no sólo de la persona atendida sino de toda la sociedad», apuntan.

Existe una evidencia científica consolidada en el tiempo que recomienda comenzar el tratamiento antirretroviral de manera inmediata cuando una persona recibe un diagnóstico positivo de infección por el VIH. Está demostrado que las personas infectadas por el VIH que reciben tratamiento antirretroviral y mantienen la carga viral indetectable en sangre, no transmiten el virus a otras personas.

«Las personas con infección por VIH sin tratamiento antirretroviral (bien porque no lo han iniciado o lo han interrumpido) tienen un mayor riesgo de presentar supresión viral incompleta, progresión de la enfermedad, ingreso hospitalario o muerte, que las personas que se mantienen indetectables con el tratamiento. La adherencia subóptima o el tratamiento intermitente aumenta el riesgo de resistencias y fracaso virológico, y precisa de tratamientos más complejos. Se ha demostrado que el acceso a la PrEP, la reducción del diagnóstico tardío, el inicio del tratamiento antirretroviral en el plazo más breve posible y sin interrupciones,son intervenciones sanitarias coste-eficientes desde un punto de vista de economía de la salud», advierten.

Por todo ello, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda iniciar y mantener el tratamiento antirretroviral a todas las personas con infección por el VIH, independientemente del recuento de linfocitos CD4 y esto requiere la implementación de programas de cribado del VIH y programas fiables y sostenidos para el acceso inmediato y universal a la terapia del VIH.

«A pesar de esta evidencia, las dificultades y demoras en el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria está impidiendo o retrasando el acceso a test diagnósticos, tratamientos o medidas preventivas. En consecuencia, solicitamos a las distintas Administraciones públicas afectadas que faciliten a las personas migrantes en situaciones irregular y a las personas solicitantes de protección internacional con enfermedades infecto-transmisibles el acceso a la asistencia sanitaria, reduciendo los requisitos burocráticos, agilizando la tramitación de las solicitudes y admitiendo diferentes documentos para probar la residencia efectiva en una determinada comunidad autónoma», remachan.

El documento está firmado por Asociación Española de Enfermería en Adicciones, Asociación Madrileña de Salud Pública, Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA), Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria, Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y Comunitaria y Sociedad Madrileña de Medicina Familiar y Comunitaria.