Ocho de cada diez personas consideran que el déficit de enfermas no garantiza la seguridad de los pacientes
Ocho de cada diez ciudadanos y ciudadanas consideran que contar con cinco enfermeras/os por cada 1.000 habitantes no es suficiente para garantizar una atención segura y de calidad en los centros sanitarios de nuestro país, mientras que nueve de cada diez tienen la misma opinión en el caso de las residencias de mayores.
Así se concluye en la encuesta que ha elaborado, a principios de este mes de octubre en toda España, el Sindicato de Enfermería, SATSE. En lo que respecta a los hospitales, cerca de ocho de cada diez también cree que contar con una sola enfermera o enfermero para atender a entre 15 y 20 pacientes por turno afecta negativamente en la atención y cuidados, mientras que en el caso de los centros de salud, el 85,52 por ciento entiende que el hecho de que una enfermera o enfermero tenga asignadas hasta 2.000 personas repercute también negativamente en la asistencia recibida.
En el caso de las residencias de mayores, casi nueve de cada diez encuestados consideran que el hecho de que una enfermera tenga entre 150 y 200 personas a su cargo tiene una repercusión negativa sobre la atención y cuidados que se presta a los residentes en estos centros sociosanitarios.
Asimismo, el 83,27 por ciento de los encuestados afirma que las condiciones de trabajo, recursos y medios con los que cuentan las enfermeras y enfermeros en nuestro país deberían mejorarse por parte de las diferentes administraciones públicas para asegurar una óptima atención sanitaria.
A tenor de los datos extraídos de la encuesta, el Sindicato de Enfermería subraya que, una vez más, «ha quedado constatado que el conjunto de la ciudadanía de nuestro país es firme partidaria de garantizar la seguridad del paciente, como así lo establece la Ley que se está tramitando, en estos momentos, en el Congreso de los Diputados».
Al respecto, SATSE denuncia que, mientras la sociedad reclama una mejor atención y cuidados, la Ley de Seguridad del Paciente sigue bloqueada once meses después de su toma en consideración por las continuas peticiones de prórrogas a la presentación de enmiendas por parte de partidos como el PP, y por la inacción de otros grupos, como el PSOE.
