Navarra Suma y NC insisten en pedir cuentas a Sánchez y Albares en el Congreso por el cambio de posición
La oposición volverá a la carga la próxima semana en el Pleno del Congreso sobre el cambio de postura del Gobierno en torno al Sáhara Occidental con preguntas de Navarra Suma al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de Nueva Canarias al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
El pasado miércoles, Sánchez compareció en la Cámara Baja para dar cuenta del ultimo Consejo Europeo, de las medidas anticrisis acordadas por el Gobierno y por el giro dado por el Ejecutivo en torno al Sáhara Occidental.
Y lo hizo días después de que Albares hiciera lo propio en la Comisión de Asuntos Exteriores a raíz de conocerse la carta que Sánchez envió al Rey de Marruecos en la que aceptaba la propuesta de autonomía para el Sáhara Occidental que Marruecos presentó ante la ONU en 2007 como «la base más seria, creíble y realista para la resolución de esta disputa».
En aquella sesión Albares anunció que acudiría este viernes a Marruecos, un viaje que se ha cancelado alegando que acudirá en los próximos días irá ya acompañando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Tanto Albares como Sánchez sostienen que no ha habido giro en el Gobierno en relación con el conflicto del Sáhara y que la nueva posición en todo caso respeta la resoluciones de Naciones Unidas, al contrario de lo que defienden el resto de fuerzas parlamentarias, incluida su socio en el Gobierno, Unidas Podemos.
Una de ellas, Navarra Suma, insistirá de nuevo con este asunto en el Pleno del miércoles, donde su diputado Carlos García Adanero, uno de los expulsados de UPN, pretende que el presidente aclare al Congreso si «tiene previsto una remodelación del Gobierno ante las discrepancias en el seno del mismo como consecuencia del cambio pro marroquí en el Sáhara y el aumento en gasto en armamento militar».
También el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, llevará el Sáhara Occidental a la sesión plenaria, donde quiere preguntar al jefe de la diplomacia española «por qué considera el Gobierno que su cambio de posición respecto al Sáhara no vulnera la legalidad internacional».