Mutualidad propondrá en una asamblea extraordinaria mejoras en las ayudas de incapacidad permanente
Se analizará el sistema de cotización alternativo al RETA, después de que algunos mutualistas quieran traspasar sus fondos a este sistema
Mutualidad, antigua Mutualidad de la Abogacía, ha convocado una asamblea general extraordinaria para el 20 de abril en la que someterá a votación de los miembros de la organización una serie de mejoras de protección para sus mutualistas.
En concreto, los 56.000 mutualistas alternativos en activo que no han alcanzado la edad de jubilación tendrán que votar tres mejoras en las prestaciones que reciben.
En primer lugar, tendrán que ratificar las mejoras en la incapacidad profesional temporal en las coberturas de salud mental y oncológica. Estas medidas, sin impacto en la prima, están vigentes desde el 1 de enero, por lo que de ser rechazadas tendrán que retirarse de los mutualistas que ya la reciben.
Por otro lado, Mutualidad somete a votación incorporar una nueva cobertura por incapacidad permanente profesional desde el 1 de mayo. El precio adicional será de entre 10 y 15 euros al mes en función de la edad.
La tercera medida que se someterá a votación es una nueva cobertura por cese de actividad con cargo al fondo de ahorro colaborativo con efecto desde el 1 de enero de 2025 y con un coste adicional de 8 euros al mes.
Asimismo, durante la asamblea se analizará la situación actual del sistema de cotización alternativo al RETA, ante el planteamiento de un grupo de mutualistas de traspasar sus fondos a este sistema público. La junta de gobierno de Mutualidad planea informar de su posición sobre este asunto.
«Esta Asamblea General Extraordinaria representa una oportunidad para que todos los mutualistas alternativos participen en la búsqueda de soluciones que aseguren un futuro financiero estable y próspero para todos», ha indicado el presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana.
La organización ha subrayado que las tres medidas que se someten a votación serán compatibles con «cualquier decisión» que pueda adoptar el Gobierno sobre el modelo de alternatividad y la posible transferencia de fondos al RETA.