Murcia y Galicia buscan incluir el debate de la financiación autonómica y Fondo Covid en la Conferencia de Presidentes
Los Gobiernos de Murcia y Galicia pretenden que la Conferencia de Presidentes que se celebrará a principios de año en la isla de La Palma aborde la reforma del modelo de financiación autonómica, así como la dotación a las comunidades de un nuevo Fondo Covid para el año 2022 para paliar los efectos económicos que aún quedan de la pandemia del coronavirus.
Así se lo trasladarán ambos Ejecutivos autonómicos a la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, en la reunión que mantendrá este viernes con todas las comunidades para perfilar el orden del día de la Conferencia de Presidentes que se celebrará, tal y como anunció el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a principios de enero en la isla de La Palma.
En este contexto, las autonomías ya están avanzando sus peticiones para esta cita multilateral, en la que, por el momento, Murcia y Galicia, ya se han posicionado a favor de que se hable sobre financiación autonómica, además del Fondo Covid.
DESPUÉS DE LA CUMBRE DE SANTIAGO
Esta petición surge después de que este mismo martes los ocho presidentes de las comunidades autónomas más despobladas –Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Cantabria, Aragón y La Rioja– sellaran un bloque común a través de una declaración conjunta en la que reclaman al Gobierno, entre otras cosas, que se tenga en cuenta la dispersión de la población en la negociación del nuevo sistema de financiación autonómica.
Sin embargo, en el lado opuesto se sitúa Murcia, que conforma una especie de bloque común junto a Andalucía y Comunidad Valenciana, conocidas como las regiones «infrafinanciadas», que solicitan que en el nuevo sistema de financiación autonómica se prime el criterio de la población ajustada.
Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reafirmado a lo largo de estos días su compromiso de presentar su propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica en base al criterio de población ajustada para comenzar a negociar con el resto de comunidades autónomas.
