MSF presenta un recurso ante el Tribunal Civil de Ancona (Italia) por la detención del Geo Barents
La organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras (MSF) ha presentado este martes un recurso ante el Tribunal Civil de Ancona (Italia) contra la detención del barco de búsqueda y rescate Geo Barents , intervenido el pasado 23 de febrero por las autoridades italianas que, además de una movilización de 20 días, impusieron una multa a la organización de hasta 10.000 euros.
La intervención del buque de rescate se produjo horas después de que el Parlamento italiano aprobara una ley que dificulta las operaciones de rescate en el Mediterráneo. Dicha norma estipula que las embarcaciones tienen que acudir a puerto inmediatamente después de llevar a cabo un rescate, obligando a obviar las emergencias que puedan surgir de manera adicional. La decisión fue calificada por Naciones Unidas como «preocupante».
MFS defiende que las autoridades pidieron a la organización el registro de datos de travesía (VDR por sus siglas en inglés), petición que califican como «totalmente inconsistente con la práctica habitual». Además, según explican en un comunicado, el VDR es similar a la «caja negra» de un avión y éste sólo es necesario en caso de accidentes marítimos y que, dado que no se produjo ningún incidente, no se guardó ni descargó ningún dato.
«El Geo Barents opera en todo momento cumpliendo la normativa aplicable y ha colaborado de absoluta buena fe con las autoridades facilitando todos los datos disponibles relacionados con las operaciones de rescate, en cumplimiento con sus deberes según el derecho internacional», ha asegurado el coordinador general de búsqueda y rescate de MSF, Juan Matías Gil, que ha calificado la intervención italiana como «un acto ilegítimo».
La organización humanitaria también ha reiterado en el comunicado su petición al Gobierno italiano que preside Giorgia Meloni para que anule la Ley 15/2023 y «deje de criminalizar la asistencia humanitaria a migrantes y refugiados».
Además, MFS demanda tanto a la Comisión Europea como a los Estados miembros de la Unión Europea que examinen la Ley y «cumplan con su obligación legal» de coordinar y llevar a cabo rescates en el mar, además de establecer un mecanismo europeo de búsqueda y rescate proactivo y dirigido por los Estados.
