MSF denuncia que aún no se ha fijado responsabilidad por el asesinato de tres de sus trabajadores en Tigray

María Hernández, Yohannes Halefom y Tedros Gebremariam fueron asesinados hace seis meses

Médicos Sin Fronteras (MSF) ha denunciado este jueves que no se ha establecido responsabilidad por el asesinato de tres de sus trabajadores en la región etíope de Tigray, María Hernández, Yohannes Halefom y Tedros Gebremariam, seis meses después del suceso.

La presidenta de MSF España, Paula Gil, ha explicado que, durante los últimos seis meses, la organización ha hecho «todo lo posible» por entender qué ocurrió a Hernández, de 35 años y coordinadora de emergencias de MSF en Tigray; Halefom, de 32 años y coordinador adjunto; y Gebremariam, de 31 años y conductor de la organización.

Se desplazaban por Tigray el 24 de junio cuando MSF perdió el contacto con ellos. Un día después fueron encontrados sin vida a una distancia de entre 100 y 400 metros de su vehículo. Gil ha sostenido que MSF ha entablado un «contacto continuo» con las partes del conflicto en la región y que se han reunido con varios ministerios etíopes y con el Frente de Liberación del Pueblo de Tigray (TPLF) para «asegurarse» de que los asesinatos son investigados y se comunica los resultados a la organización.

«Además, como parte de nuestra práctica interna habitual tras incidentes críticos de seguridad, hemos recopilado y analizado información que nos ha permitido reconstruir la ruta que siguió el coche de MSF, así como el lugar y la hora del incidente y algunas de las circunstancias materiales del asesinato», ha precisado Gil.

Según la presidenta de MSF España, lo que se sabe hasta ahora, en base a los resultados preliminares de la revisión interna citada, es que Hernández, Halefom y Gebremariam se dirigían desde Abi Adi hacia el sur para buscar y recoger a heridos en zonas afectadas por intensos combates entre el Gobierno etíope y el TPLF.

El equipo de MSF en Abi Adi había recibido información previa referente a un gran número de heridos en Shoate Egum, una aldea cercana al lugar del incidente. A poco más de una hora de viaje el vehículo se detuvo. «Los cuerpos de nuestros compañeros fueron encontrados más tarde a una distancia de entre 100 y 400 metros del coche y sus lesiones mostraban que los tres habían sufrido múltiples disparos a corta distancia», ha explicado Gil.

«El tipo de heridas sufridas por nuestros compañeros no correspondían a las que hubieran resultado de un fuego cruzado y confirman que fue un asesinato intencionado de tres trabajadores de ayuda humanitaria», ha continuado, antes de remarcar que cada uno de ellos era claramente reconocible como civil y trabajador humanitario en el momento del incidente. El vehículo, claramente identificado con el logotipo de MSF y dos banderas de la organización, recibió numerosos disparos y fue incendiado.

Gil ha incidido en que las conversaciones de MSF con las partes «siguen en curso» y que, a partir de reuniones en agosto, noviembre y diciembre, los representantes etíopes han confirmado que se está llevando a cabo una investigación del ataque. MSF, que también ha pedido al TPLF que lleve a cabo una investigación y comparta los resultados, ha reiterado que, por el momento, no han recibido resultados finales de estas investigaciones.

Mientras, MSF sí ha compartido los resultados preliminares de su análisis interno a nivel ministerial con las autoridades etíopes. «A cambio, pedimos aclaraciones sobre la presencia y participación de las Fuerzas Armadas en el momento y en el lugar preciso del incidente. Explicamos que estas aclaraciones forman parte de nuestro deber para con las familias de los fallecidos y para con nuestro personal, para darles respuestas sobre lo que les ocurrió a sus seres queridos y compañeros. Hemos hecho la misma petición al TPLF», ha indicado.

Además, MSF ha solicitado «un canal de comunicación directo con las Fuerzas Armadas etíopes y sus aliados, tanto a nivel federal como regional», lo que permitiría a la organización «compartir detalles» de sus instalaciones y de los movimientos de sus equipos y garantizar que las Fuerzas Armadas entienden y respetan las actividades para salvar vidas que realizan los equipos de MSF.

«Y aunque apreciamos el diálogo constructivo que hemos mantenido hasta la fecha con el Gobierno etíope, también hemos transmitido nuestra preocupación por las declaraciones públicas realizadas contra las organizaciones humanitarias que han afectado directamente a su seguridad», ha señalado Gil.

La presidenta de MSF en España ha trasladado que, en Etiopía, sus equipos han sido «regularmente» objeto de «acoso, de graves amenazas y de detenciones». Por ello, y con el fin de atender las «importantes» necesidades médicas a las que se enfrenta el pueblo etíope en todo el país, han reiterado su llamamiento a las autoridades etíopes para que apoyen públicamente el trabajo de las organizaciones humanitarias. «Es un paso crucial para construir la aceptación de la comunidad y para permitirnos seguir proporcionando asistencia médica vital en todo el país», ha considerado Gil.

LA ACTUAL SITUACIÓN EN ETIOPÍA

Tras el asesinato de sus tres trabajadores, MSF tomó la «dolorosa» decisión de suspender algunas actividades en Tigray, en las ciudades de Abi Adi, Adigrat y Axum. En julio, el Gobierno de Etiopía suspendió por su parte las actividades de la organización en Amhara, Gambela, el noroeste de Tigray (Shire y Sheraro) y en la Región Somalí durante tres meses. La suspensión se levantó en octubre, pero Gil denuncia que no les ha sido posible reanudar esos programas médicos, debido principalmente a la situación de seguridad y a los obstáculos administrativos.

En noviembre, al declararse el estado de emergencia en Etiopía, MSF tuvo que suspender otras actividades médicas en otras partes del país, ante la consideración de que «ya no es posible trabajar con seguridad». En la actualidad, MSF presta atención médica a pacientes en Afar y en la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur (SNNPR), y realiza donaciones puntuales de material médico en Amhara, Gambela y la Región Somalí.

«Seguimos comprometidos con el Gobierno de Etiopía y todas las demás partes del conflicto, a la espera de los resultados de nuestras conversaciones con ellos y para encontrar una base común y acordada para prestar con seguridad la tan necesaria asistencia médica imparcial a la población etíope, afectada por el conflicto y otras crisis», ha concluido Gil.

El conflicto estalló en noviembre de 2020 tras un ataque del TPLF contra la principal base del Ejército, situada en Mekelle, tras lo que el primer ministro, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el grupo tras meses de tensiones a nivel político y administrativo.

El propio Abiy se trasladó a finales de noviembre al frente de guerra para encabezar las operaciones militares y recientemente regresó a la capital tras los últimos avances del Ejército, mientras que el TPLF ha rechazado hasta la fecha un diálogo con Abiy si no se cumplen sus condiciones y ha abogado abiertamente por la dimisión del primer ministro.

El TPLF acusa a Abiy de azuzar las tensiones desde su llegada al poder en abril de 2018, cuando se convirtió en el primer oromo en acceder al cargo. Hasta entonces, el TPLF había sido la fuerza dominante dentro de la coalición que gobernó Etiopía desde 1991, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope (EPRDF), sustentada en las etnias. El grupo se opuso a las reformas de Abiy, que consideró como un intento de socavar su influencia.