Más de 300 juristas se reúnen en Santander en el XX Curso de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa

El Gobierno cántabro defiende trabajar para que la Justicia mantenga la «cercanía» que se tiene ahora con los juzgados de paz

Santander acoge hoy y mañana la vigésima edición del Curso sobre la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, que reúne en el Paraninfo del Palacio de La Magdalena a más de 300 profesionales jurídicos de toda España para debatir sobre varias materias relacionadas con la actividad normativa.

El curso, organizado por el Gobierno de Cantabria y el Consejo General del Poder Judicial con la colaboración del Ayuntamiento de Santander, está dirigido por el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, Rafael Losada, y por la directora del Servicio Jurídico del gobierno regional, Ana García-Barredo.

Entre los intervinientes de esta edición destaca la presencia en el día de hoy del presidente en funciones de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, el magistrado Pablo Lucas Murillo, y mañana la del magistrado del Tribunal Constitucional César Tolosa.

Entre los temas que se van a abordar se encuentran, por ejemplo, la sentencia del Constitucional que declaró inconstitucional la intervención de los tribunales para ratificar las medidas sanitarias adoptadas por las administraciones durante la pandemia. También se tratará el efecto dominó que se produce cuando se anula una disposición de la que derivan otros actos, como ocurre en materia de planteamiento urbanístico o de selección de personal, y el modo en que las resoluciones de unos tribunales pueden incidir en otros, véase el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, etcétera.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla; la consejera de Justicia, Paula Fernández; o la alcaldesa de Santander, han acudido este jueves a la apertura del evento.

En el acto, Revilla ha abogado por una organización judicial que dé respuesta a una de las principales demandas de la ciudadanía, como es una mayor agilidad y celeridad en los procesos judiciales. La agilización de la Justicia «es uno de los temas que los ciudadanos más demanda» para hacer frente «a la gran burocracia y al papeleo, que es desesperante», ha dicho.

En este punto, ha informado de que el Gobierno regional está trabajando en la futura organización prevista en las tres leyes de eficiencia judicial en el ámbito organizativo, procesal y digital, que se encuentran en proceso de aprobación parlamentaria a nivel nacional y con las que se pretende una transformación hacia un sistema más ágil y eficiente.

El jefe del Ejecutivo regional se ha referido así a los trabajos previos desarrollados en la comunidad para adecuar la nueva estructura y abordar una reorganización judicial que, ha asegurado, será «consensuada» con los colectivos implicados.

También ha subrayado la importancia de las oficinas de justicia en los municipios de cara a una justicia «próxima» y luchar contra el despoblamiento en las zonas rurales, y ha destacado la oportunidad que suponen los fondos europeos Next Generation para la modernización de la justicia.

En la misma línea, la consejera también ha hablado del trabajo de su departamento para el diseño de la nueva organización judicial, que conlleva, entre otras cuestiones, adaptaciones y cambios en las relaciones de puestos de trabajo y en los sistemas de gestión procesal para su adaptación al nuevo esquema judicial.

A su juicio, es importante que la justicia mantenga la cercanía que se tiene ahora con los juzgados de paz. «Ese es el objetivo y es en lo que vamos a trabajar», ha dicho Fernández.

En declaraciones a los medios tras la apertura, la consejera ha señalado que Cantabria está pendiente de las citadas leyes a nivel nacional para crear las oficinas fiscales y judiciales que implicarán la creación los tribunales municipales.

«La justicia tiene que seguir teniendo la cercanía que tiene en este momento con los juzgados de paz en los ayuntamientos», ha defendido, señalando que todavía no se han definido los lugares donde se ubicarán esas oficinas.

HUELGA

A preguntas de la prensa, Fernández también se ha referido a la huelga indefinida convocada por los funcionarios de Justicia a partir del 22 de mayo, en torno a la que Cantabria ha pedido reunirse con el Ministerio para intentar «desbloquear» el conflicto aunque «no tiene competencias».

Según ha señalado Fernández, Cantabria y el Ministerio han tenido una primera reunión en la que «apenas se ha avanzado», por lo que desde la comunidad se esperará a que vuelvan a reunirse con el comité de empresa para «poder seguir avanzando».

«Para nosotros es fundamental que el personal continúe en los puestos de trabajo y evitar que estemos como estamos», con los servicios mínimos fijados en un 30%, ha dicho la consejera, que espera que los conflictos de los profesionales terminen «pronto».

Y es que esta huelga se sumaría a la anunciada por jueces y fiscales a partir del día 16, que la consejera espera que «no se alargue como se alargó la de los letrados» que terminó en marzo para evitar un nuevo «retroceso» en la Justicia tras el que después «va a ser muy difícil poder avanzar».

«Vamos a tener que poner refuerzos», ha dicho la titular de Justicia, que ha emplazado a comunidades y Ministerio a ponerse «todos al día» cuando se zanjen estos conflictos para poder seguir con su «hoja de ruta», protagonizada por la ejecución de los fondos europeos para modernizar la Administración de Justicia.