Más de 3.000 migrantes murieron intentando llegar al sur de Europa o a Canarias en 2021

Más de 3.000 migrantes y refugiados han muerto o están desaparecidos tras intentar llegar por mar en 2021 a las costas del sur de Europa o a las islas Canarias, según Naciones Unidas, que ha llamado a adoptar medidas «urgentes» para proteger a quienes se embarcan en estos «peligrosos» viajes –de hasta diez días en el caso del archipiélago español–.

Del total de fallecidos, al menos 1.924 corresponden a las rutas que conectan el norte de África con Europa en la parte central y occidental del Mediterráneo, mientras que 1.153 de estas víctimas se circunscriben a la ruta del Atlántico hacia las Canarias.

El dato global de 2021 prácticamente duplica el registrado el año anterior y una portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), Shabia Mantoo, ha advertido de que 2022 también está dejando cifras «alarmantes», con 478 muertos o desaparecidos en lo que va de año.

«La mayoría de los cruces tuvieron lugar en embarcaciones repletas, no aptas para navegar, inflables», ha señalado Mantoo, al hacer repaso de unas condiciones precarias que se extienden también al viaje terrestre previo, a través del desierto del Sáhara, en zonas «remotas» sin apenas acceso o en centros de detención, a merced de todo tipo de abusos.

ACNUR ha recordado que los cierres fronterizos derivados de la pandemia de COVID-19, la inestabilidad política y de seguridad y el deterioro de las condiciones socioeconómicos complican aún más un contexto en el que ha apelado a los gobiernos a tomar medidas, tanto en el ámbito de la protección de los migrantes como en la búsqueda de soluciones a más largo plazo.

En este sentido, la agencia ha reclamado por boca de su portavoz «alternativas» a los largos y peligrosos viajes, así como un enfoque político más humanitario. La ONU y las organizaciones de Derechos Humanos han denunciado de forma reiterada la falta de mecanismos claros de desembarco para los migrantes rescatados en aguas del Mediterráneo.

«Los países deben garantizar la entrega de servicios esenciales a las personas en movimiento y a aquellas que están atrapadas en la ruta, interceptadas en el mar o recluidas en centro de detención, y determinad si necesitan protección internacional», ha dicho Mantoo.