Más de 170 académicos y políticos avisan a la UE de que también tiene responsabilidad en el secesionismo catalán

Creen que el autogobierno en las CCAA «ha ido demasiado lejos», critican al PSC y ven «privilegios inconstitucionales» en País Vasco y Navarra

Un total de 178 personalidades de la política y, sobre todo, del mundo académico, han enviado una carta a los presidentes de las instituciones europeas –del Parlamento, Antonio Tajani; la Comisión, Jean-Claude Juncker y el Consejo, Donald Tusk– en la que acusan a los independentistas catalanes de vulnerar la democracia y, además, advierten de que la UE también tiene responsabilidad en esta situación.

El texto lo firman políticos del entorno de Ciudadanos o UPyD (Javier Nart, Maite Pagazaurtundua), miembros de Sociedad Civil Catalana (SCC) y personalidades del mundo académico como Félix de Azúa, Félix Ovejero o Araceli Mangas, y otras personalidades como la exdiputada popular Cayetana Álvarez de Toledo, el ex líder del PCE Francisco Frutos o la presidenta del Partido Feminista Lidia Falcón.

Los firmantes ven responsabilidad de la UE al menos en seis puntos y se remontan para ello a 2009, cuando el Parlamento Europeo, a su juicio, «facilitó la violación de derechos lingüísticos» al aprobar, en contra de su propia Comisión de Cultura una enmienda que preveía la elección de lengua vehicular de enseñanza allí donde coexistan una o más lenguas oficiales». Eso, argumentan, permitió a los nacionalistas tratar a los niños hispanohablantes «como extranjeros» y «eliminar el español del currículo».

En segundo lugar, avisan de que un presupuesto europeo de sólo el 1 por ciento del PIB de los Estados miembros «incentiva la secesión en las regiones más ricas porque les ofrece moneda y mercado únicos, pero ahorrándoles la solidaridad fiscal más allá de sus fronteras».

La siguiente son las carencias en la articulación económica del euro que, dicen, está ampliando la brecha económica entre regiones. En cuarto lugar ponen la estrategia europea de austeridad impuesta pos los países acreedores, que «ya ha castigado injustamente a Portugal, Italia, Grecia y España y sólo conduce a la irracionalidad y el suicidio colectivos».

PUIGDEMONT, PRUEBA DE LAS LIMITACIONES

Por último, menciona el Brexit como muestra del «fracaso político» de la UE, ya que no hay pertenencia a un «demos europeo» y el caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, como prueba de las limitaciones actuales del espacio europeo y también «la amenaza planteada por el tecno-populismo».

Para que los nacionalistas no «roben el sueño europeo» con su programa de «supremacismo», lanzan propuestas como la formación de partidos políticos trans-europeos, con programas comunes de solidaridad fiscal, justicia social y cesión de soberanía nacional hacia Europa o facilitar el avance, entre los países de la eurozona que lo deseen, hacia unos «Estados Unidos de Europa».

En texto, los firmantes acusan a las «élites catalanas» de haber construido «estructuras de Estado paralelas» al servicio del secesionismo, «presionar» a profesores de Universidad, periodistas y jueces, usar a la política autonómica «como policía política para espiar» y generar un clima de violencia simbólica e institucional.

A su modo de ver, «Europa todavía necesita comprender qué ha pasado» y en ese punto acusan a los nacionalistas de pretender imponer su «arbitraria voluntad» además de hacer campañas «para desacreditar a la democracia española», «adoctrinar a los niños en las escuelas» y manipular la historia, algo «más propio de regímenes totalitarios».

Así, advierten de que el proyecto europeo «no puede ser ambiguo con los nacionalistas» sin traicionar la solidaridad, porque «el secesionismo, convertido en un proyecto oligárquico, clasista, identitario y emocional, ha partido la sociedad catalana en dos, con graves consecuencias políticas y económicas para Cataluña y para toda España».

Los firmantes explican que el motivo del nacionalismo no es el centralismo, porque España es ya uno de los países más descentralizados, incluso argumentan que País Vasco y Navarra tienen «privilegios fiscales que son inconstitucionales pero tolerados por los Gobiernos nacionales para mantenerse en el poder» y opinan que «el autogobierno ya ha ido demasiado lejos» porque la autonomía fiscal hace que las comunidades incurran en competencia desleal y niega el principio de solidaridad.

De ello culpan a la «mala definición constitucional de los límites autonómicos» pero también a los «partidos socialistas» y en especial al PSC, al que acusan de haber permitido a los nacionalistas «desarrollar procesos de ingeniería etno-lingüística, de construcción nacional» a cambio de apoyos para alcanzar el poder. Y añaden que «espolear a las masas» en el secesionismo ha servido para tapar en parte la corrupción.