Más de 130 ONG urgen al Consejo de Seguridad de la ONU a imponer un embargo de armas global a Birmania

La ONU pide frenar la represión y alerta de la intimidación a trabajadores

Más de 130 organizaciones no gubernamentales han urgido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a imponer un «embargo de armas global a Birmania» en respuesta al golpe militar y para disuadir a la junta militar de «cometer más abusos».

Según un comunicado de la ONG Human Rights Watch (HRW), los grupos han elaborado una carta abierta a los miembros del Consejo para reclamar que se detenga «de inmediato» el suministro de armas municiones y otros equipos de este tipo.

«Dadas las atrocidades masivas contra los rohingya, décadas de crímenes de guerra y el derrocamiento del Gobierno electo, lo mínimo que puede hacer el Consejo de Seguridad de la ONU es imponer un embargo de armas global a Birmania», ha insistido el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, para añadir que el suministro de cualquier equipo al Ejército «permite más abusos y refuerza la capacidad de la junta para reprimir al pueblo».

En este sentido, la organización ha recordado que en las últimas semanas, las fuerzas de seguridad del país han utilizado «fuerza excesiva y en ocasiones letal» contra manifestantes, activistas, estudiantes y funcionarios, además de llevar a cabo detenciones arbitrarias y ordenar bloqueos de redes sociales y cierre continuos de Internet.

Tal y como ha recalcado en un comunicado Human Rights Watch, esta petición a Consejo de Seguridad incide en la «promesa» del secretario general de la ONU, António Guterres, de «hacer todo lo posible para movilizar a todos los actores clave y la comunidad internacional para ejercer suficiente presión sobre el país y asegurarse de que el golpe fracasa», y coincide con la petición de embargo de armas del relator especial de la de la ONU para Birmania.

«Los miembros del Consejo de Seguridad deben redactar una resolución que prohíba el suministro directo e indirecto, la venta o la transferencia a la junta de todas las armas, municiones y otros equipos relacionados con el Ejército (…) Además de prohibir la provisión de entrenamiento, inteligencia y otra asistencia militar», han apelado las ONG en su escrito.

Esto debería también ir acompañado de un «sólido mecanismo de vigilancia y aplicación, que incluya un escrutinio minucioso de las ventas a terceros que probablemente revendan dichos artículos a Birmania», ha agregado HRW.

Asimismo, la organización ha recalcado que las ventas violan el derecho internacional humanitario y los Derechos Humanos y ha abogado por la imposición de sanciones selectivas, prohibiciones de viajes y congelamiento de activos para los líderes de la junta y sus conglomerados.

A la espera de que el Consejo de Seguridad «actúe», las ONG han hecho hincapié en que los estados miembros de la ONU «deberían adoptar medidas a nivel nacional y regional para bloquear las ventas y otras transferencias de armas y material, con el objetivo de extender un embargo de armas a una escala lo más cercana posible a la global».

En este contexto, ha pedido a Estados Unidos, Canadá, Australia o Reino Unido que insten a los gobiernos «de todo el mundo» a «instituir embargos bilaterales con el fin de construir una amplia coalición».

«Cortar el acceso de los militares a armas, hardware, tecnología y entrenamiento le diría a la junta de Birmania y a quienes se benefician de ello que sus crímenes tienen consecuencias reales(…). También señalaría a los millones de personas que marchan en las calles, arriesgando todo por la democracia y la libertad, que no están solos en esta lucha», ha sentenciado el director ejecutivo de HRW.

LA ONU PIDE FRENAR LA REPRESIÓN

Por su parte, Guterres ha pedido al Ejército birmano que detenga la represión y libere a los prisioneros, así como que ponga fin a la violencia y respete los Derechos Humanos y la libertad del pueblo, según ha relatado su portavoz, Stéphane Dujarric, este martes en la rueda de prensa diaria de la ONU.

Dujarric también ha informado de que la Organización Internacional del Trabajo ha alertado de que la Policía está realizando «registros puerta a puerta de sindicalistas en Rangún», por lo que ha insistido en la demanda del cese del «acoso e intimidación» contra los trabajadores.

Por último, ha avisado de que el Fondo de Población de las Naciones Unidas ha expresado su preocupación por la posible interrupción de servicios de salud sexual y reproductiva de mujeres y niñas debido a la inestabilidad que se vive en el país.