Movellán defiende la libertad de expresión y acusa al PSOE de «intentar acallar algo que perjudica a los vecinos»


CAMARGO, 18

El alcalde de Camargo, Diego Movellán (PP), ha defendido la libertad de expresión y el derecho a la información a los ciudadanos, al tiempo que ha acusado al PSOE de realizar «un ataque directo a un alcalde para intentar acallar algo que al final perjudica a todos los vecinos del Camargo», en referencia a la aparición de las 51.000 mascarillas caducadas en el municipio.

Así lo ha señalado Movellán este jueves tras el Pleno municipal, en declaraciones a la prensa sobre el acto de conciliación convocado a las 12.20 horas de este jueves, en el que el alcalde ha estado representado por una abogada y un procurador debido a que tenía que atender asuntos municipales, y en el que el PSOE quiere que se retracte de las declaraciones que realizó el pasado mes de marzo relativas a la aparición en una nave de las citadas mascarillas compradas durante el mandato socialista.

Movellán consideró entonces que había «muchas dudas que resolver», puesto que en la época en que fue adquirido por el Ayuntamiento este material el exministro José Luis Ábalos realizó, junto a su entonces asesor Koldo García, una visita institucional a Camargo.

En la demanda de conciliación presentada por la portavoz socialista y exalcaldesa, Esther Bolado, se requiere formalmente al regidor para que reconozca públicamente «la falsedad de las acusaciones vertidas contra ella», y también para que emita una nota desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento donde exprese «la falsedad de tales acusaciones».

El alcalde ha explicado que el planteamiento que va a hacer el procurador en su nombre en el acto de conciliación es «muy sencillo», dado que la grabación de cuando se hizo pública la aparición de las mascarillas y la intención de investigar está a disposición de todos los medios, se conoce, y «ahí se ve claramente lo que se dijo».

El regidor ha trasladado su respeto por el poder judicial y ha roto el silencio guardado hasta ahora al respecto para no «alimentar la polémica interesada».

A su juicio, este caso va en la línea de lo que está sucediendo en el país. «Es un ataque directo a la libertad de expresión», ha valorado Movellán, que ha criticado la «censura, sin tapujos» del Gobierno central «contra todos los medios y contra todo aquel que discrepe, ya sea un futbolista, ya sea un político, ya sea un alcalde, en este caso».

«Tengo mucho trabajo que hacer en defender a los intereses de Camargo y siempre que encuentre cosas que puedan ser perjudiciales las voy a hacer públicas», ha manifestado.

Así, ha defendido el derecho a la información a los ciudadanos en referencia a que «hay 51.000 mascarillas caducadas, una importante pérdida económica, y yo, de momento, no veo explicaciones».

En este sentido, el alcalde ha criticado que cuando se han pedido dichas explicaciones lo que han hecho (los socialistas) es, «dentro de esa estrategia de callar la boca» y «esa censura», acudir «inmediatamente» al tribunal e interponer una demanda «con la intención de acallar».

«Yo no me voy a callar, seguiré defendiendo los intereses de los camarguenses, pero todavía hay muchas dudas que no se han resuelto, y eso es lo que tenemos que seguir investigando», ha aseverado.

INVENTARIO DETALLADO DE LOS LOTES

Sobre la aparición de dichas mascarillas caducadas, el alcalde ha reiterado que «no se ha dado ninguna explicación» y se ha trasladado que «no existe un inventario de donaciones».

«La exalcaldesa decía que procedían de donaciones, esa parte ha sido desmentida por la Secretaría General del Ayuntamiento», ha apostillado.

Además, según ha indicado, los anteriores responsables apuntaron como encargados «a personas o funcionarios municipales» y «lo que vamos conociendo» es que esos lo «desmienten y dicen que ellos en ningún momento fueron los encargados».

Movellán ha informado que la Policía y la Secretaría General están realizando un inventario detallado de los lotes para que los proveedores indiquen dónde compraron las mascarillas.

Así, se está recopilando toda esta información con el fin de conocer el coste económico de los lotes y de dónde procedían. «Y luego veremos qué responsabilidades vamos a pedir».

«Hay muchas preguntas que resolver y lo que vemos es que no se quieren resolver. Son cortinas de humo intentando acallar y que no se hable de lo cierto», ha sentenciado.

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