Gobierno vasco dice que el TC le legitima para reconocer y reparar a víctimas de motivación política
Cree que el fallo «marca un punto de inflexión», una oportunidad de avanzar de modo compartido en materia de víctimas, memoria y convivencia
VITORIA, 22
El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha afirmado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de abusos policiales confirma que el Gobierno Vasco «está legitimado para reconocer y reparar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política», y, además, «despeja el desarrollo de la ley a partir de este momento».
En rueda de prensa en Vitoria, Jonan Fernández ha valorado la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el recursos de inconstitucional que fue interpuesto por más de 50 diputados del grupo parlamentario de Ciudadanos contra la ley 5/2019 que modifica, a su vez, la ley 12/2016 de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco entre 1978 y 1999, conocida como ley de víctimas de abusos policiales.
En primer lugar, Jonan Fernández ha afirmado que esta sentencia es «una muy buena noticia para las víctimas a las que se dirige» y «nos alegramos sinceramente por ellas». Además, ha dicho que se trata de «un importante fallo que confirma la constitucionalidad de la ley y que desestima los argumentos esgrimidos en su contra».
En ese sentido, ha destacado que la sentencia es «muy clara en su contenido, no deja lugar a dudas, y despeja el desarrollo de la ley a partir de este momento».
En su opinión, la valoración de este fallo tiene «una doble vertiente: una desde el punto de vista jurídico, su significación práctica y normativa, y otra desde el punto de vista ético, su proyección para el futuro y la convivencia».
Desde el punto de vista jurídico y sus consecuencias prácticas y normativas, ha indicado que con esta resolución judicial «queda confirmado que el Gobierno Vasco está legitimado para reconocer y reparar a víctimas de vulneraciones de derechos humanos de motivación política causadas por funcionarios públicos o particulares en los términos que establece la ley».
Además, ha señalado que, según la sentencia, «el marco, el procedimiento y la comisión de valoración previstas para el reconocimiento y reparación de las víctimas son plenamente constitucionales en los términos establecidos por la ley».
Así mismo, ha destacado que «ninguno de los juicios de intención sobre la ley expuestos por los recurrentes en la argumentación de su recursos ha sido estimado por el Tribunal Constitucional», sino que, «al contrario del Tribunal Constitucional comparte la interpretación que de la ley hicimos tanto el Gobierno vasco como el Parlamento vasco en las alegaciones presentadas como respuesta al recurso de Ciudadanos».
«PUNTO DE INFLEXIÓN»
Por otro lado, desde el punto de vista ético, Jonan Fernández ha indicado que este fallo tiene «un significado para el futuro», ya que, a su entender, esta sentencia «marca un punto de inflexión, una oportunidad de avanzar de modo compartido en materia de víctimas, de memoria y de convivencia».
«Un punto de inflexión y una oportunidad para compartir que toda víctimas de una vulneración grave de los derechos humanos tiene el derecho a ser reparada y reconocida de manera individualizada, sin hacer distinciones, sin equiparaciones sobre las causas de su victimización, sin marginaciones y sin exclusiones», ha remarcado.
Así mismo, ha dicho que esta sentencia marca «una oportunidad para compartir que todas las vulneraciones de derechos humanos, todo asesinato, requiere una memoria crítica, clara y honesta», lo que, según ha subrayado, «implica necesariamente, el reconocimiento de su injusticia, lo haya causado quien lo haya causado, sin excepciones, sin compensaciones, y sin teorías justificatorias o exculpatorias de ningún tipo».
Fernández ha manifestado que «después de un reconocimiento difícil de más de seis años en torno a esta ley, esta sentencia marca un punto de inflexión y es una oportunidad para profundizar en una convivencia basada en el reconocimiento de las víctimas, en la memoria crítica de lo que nunca debió ocurrir y nunca debe repetirse, y en una apuesta de futuro basado en el respeto al pluralismo y los derechos humanos».