Montero ya trabaja en los Presupuestos de 2023 y avanza que llevará «muy pronto» el techo de gasto al Congreso

Calviño niega que la Comisión Europea haya hecho una recomendación específica a España en el ámbito de reforma fiscal o de pensiones

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero ha avanzado que llevará «muy pronto» al Congreso de los Diputados el límite de gasto no financiero de 2022, conocido como techo de gasto , con el que da el pistoletazo de salida a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año, para los que el Ejecutivo ya está trabajando.

«Ya estamos trabajando en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado», ha asegurado la titular de Hacienda durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Al igual que en 2020, 2021 y 2022, la Comisión Europea ha propuesto que las reglas que limitan el déficit y la deuda públicos de los Estados miembros sigan suspendidas en 2023. La suspensión de las reglas fiscales, que tiene que ser aprobada por el Gobierno con el visto bueno de la Comisión Europea, está amparada por los artículos 135.4 de la Constitución y en el 11.3 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Montero ha anticipado que, al igual que el año pasado, solicitará al Congreso de los Diputados que vuelva a certificar que aprecia la existencia de una situación de excepcionalidad que justifica la necesidad de suspender estas reglas de déficit y de deuda y legitime así la decisión del Gobierno, como exige la Constitución y la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Pese a esta suspensión, Montero ha defendido el compromiso del Gobierno con la corresponsabilidad fiscal a lo largo de estos últimos ejercicios marcados por la pandemia. Muestra de ello es, según la ministra, que el año pasado se produjo la mayor reducción del déficit de la historia, que pasó del 10,8% en 2020 al 6,7% en 2021. «Lo digo para aquellos que acusan al Gobierno de lo que no es», indicó.

En este sentido, ha defendido que el Gobierno es responsable con el gasto público y con los ingresos públicos, y ha remarcado el compromiso con Bruselas de que en 2025 el déficit se sitúe por debajo 3% frente al PIB, una cifra homologable al resto de países de la Unión Europea.

CALVIÑO: LA CE NO HA PEDIDO A ESPAÑA QUE RECORTE EL GASTO PÚBLICO

Sobre este mismo tema, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha explicado que la Comisión Europea ha avalado las previsiones económicas y fiscales del Plan de Estabilidad de España hasta 2025.

Calviño ha indicado que se han hecho «recomendaciones generales» y ha recalcado que la Comisión Europea no le ha pedido a España que recorte el gasto público.

«Simplemente ha señalado, como para el resto de países, que el crecimiento de ese gasto corriente esté por debajo del crecimiento potencial de la economía», ha apuntado.

Se trata así, según ha recalcado Calviño, de una «recomendación general» y ha afirmado que, a diferencia de otros países, no se ha hecho ninguna consideración específica en ámbito de reforma fiscal o de pensiones.

Preguntada en la rueda de prensa por las advertencias del Banco de España en cuanto a ligar las pensiones al IPC, Calviño ha defendido que dentro del Plan de Recuperación se incluyen una serie de reformas «complejas» para reforzar el sistema de pensiones a largo plazo. Estas reformas han contado con el acuerdo de los agentes sociales y con el apoyo «unánime» por parte del pacto de Toledo.

«Creo que todos los organismos realizan sus análisis y tendremos que seguir trabajando juntos de cara a lograr el objetivo, que es mejorar el sistema público de pensiones, la joya de la corona de nuestro Estado de bienestar», ha remarcado.

Sobre las medidas incluidas en el plan de choque de respuesta a la guerra en Ucrania, como la rebaja de impuestos de la electricidad o la bonificación al combustible, Calviño ha explicado que el Gobierno está actualmente analizándolas para identificar cuáles deben ser extendidas más allá el 30 de junio y cuáles tienen que desaparecer o ser adaptadas.

«El objetivo es adoptar medidas que sean eficaces teniendo en cuenta que tienen un elevado impacto fiscal y por tanto tenemos que garantizar el mejor uso de recursos públicos», ha asegurado la vicepresidenta primera.

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