Montero cifra en 136.000 millones el impacto de medidas para reforzar la liquidez de pymes y autónomos

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado este jueves en más de 136.000 millones de euros el impacto de las principales medidas para reforzar la liquidez de autónomos y empresas, que incluyen los aplazamientos de presentación de impuestos, para hacer frente al impacto de la crisis sanitaria del Covid-19.

Durante su intervención en la Comisión de Hacienda en el Congreso para informar sobre las medidas y actuaciones adoptadas por su Ministerio para abordar la crisis sanitaria generada por el Covid-19, Montero ha afirmado que el Gobierno ha activado «todo el músculo del Estado» para atajar la crisis de liquidez, facilitando los recursos al Sistema Nacional de Salud.

Montero ha repasado y detallado la batería de medidas aprobadas por el Ejecutivo hasta la fecha con el fin de proteger las rentas de los trabajadores y autónomos y hacer posible la viabilidad de las empresas, sobre todo de pymes y medianas empresas, así como para poner el «foco» en los colectivos más vulnerables para evitar la desigualdad.

Para el tejido productivo ha explicado que se dará acceso a líneas ICO avaladas por el Estado por hasta 100.000 millones de euros, la mayoría a pymes y autónomos, y se ha establecido una moratoria en el pago de cotizaciones sociales de seis meses in intereses o el aplazamiento de deudas, lo que «alivia las tensiones de tesorería».

A esto se suma la prestación extraordinaria por cese de actividad a autónomos que este mismo jueves van a cobrar «más de un millón» o la moratoria hipotecaria para pymes de inmuebles destinados a actividad económica.

Montero ha subrayado que para facilitar las ayudas y la respuesta a todas las demandas la recaudación de impuestos «con progresividad y eficiencia» es necesaria en el contexto actual, ya que renunciar a ello sería una «irresponsabilidad», por lo que ha abogado por hacer «pedagogía» sobre la «función social» de los impuestos.

Así, en Sociedades ha indicado que las pymes pueden cambiar el sistema de cálculo de pago fraccionado en función de beneficios reales con el sistema de estimación objetiva, lo que comportará un ahorro de 1.100 millones y beneficiará a 427.000 empresas y 360.000 autónomos.

Los autónomos que tributan por módulos podrán descontar del pago fraccionado de IVA e IRPF los días naturales del estado de alarma, con un ahorro de 30 millones en el primer trimestre y el beneficio de 362.000 contribuyentes en el pago de IRPF y 200.000 en IVA.

Ante las dificultades, ha desgranado Montero, el Ejecutivo ha aprobado el aplazamiento extraordinario del pago de impuestos de hasta 30.000 euros por hasta 6 meses, de los que los 3 primeros no tienen intereses. Hasta el pasado martes 401.000 contribuyentes han presentado 627.800 solicitudes de aplazamientos, con un total de 2.334 millones aplazados en impuestos.

A su vez, las empresas que facturen hasta 600.000 euros no tendrán que presentar la declaración trimestral en abril y los plazos se amplían hasta el 20 de mayo, si bien ha puntualizado que se amplía el plazo de presentación de la autoliquidación, pero no del pago de la obligación tributaria, que se puede extender seis meses pero requiere haber presentado la autoliquidación y solicitado dicho aplazamiento. Las medidas de IVA, IRPF y Sociedades tendrán un impacto de 3.558 millones y se podrá beneficiar el 95% de empresas y autónomos, en torno a 3,4 millones de contribuyentes, ha especificado.

La ministra ha recordado también que no se aplicará ningún recargo por el retraso en el pago de las deudas tributarias a las empresas que hayan solicitado un préstamo ICO avalado por el Estado relativo al Covid-19.

«EL TELETRABAJO HA VENIDO PARA QUEDARSE»

En materia laboral, ha afirmado que el teletrabajo recomendado «ha venido para quedarse» y ha recordado que se definió el permiso retribuido recuperable durante dos semanas, se ha imposibilitado despedir por causas relacionadas con el Covid y se han aprobado subsidios extraordinarios por falta de actividad para empleadas del hogar o contratos temporales, además de la flexibilización de los ERTE, entre otras.

En este sentido, ha recordado que se ha prohibido la ejecución hipotecaria por impago de vivienda a familias vulnerables, se han suspendido los desahucios durante seis meses o se ha garantizado el suministro eléctrico, de gas y agua, al tiempo que se ha aprobado el derecho a ayudas o prestación directa de distribución de alimentos con 300 millones a un fondo social extraordinario y otros 300 dirigidos a entidades locales.

RECONSTRUCCIÓN

De cara al Pacto de Reconstrucción, Montero ha pedido la colaboración y aportación de partidos políticos, CCAA, ayuntamientos y agentes sociales porque «el éxito de conseguirlo estará en la capacidad de colaboración efectiva que tengamos entre todos».

En esta línea, ha abogado por olvidar las diferencias y pensar en el conjunto de la sociedad. «No tengo ninguna duda de que todos los dirigentes piensan en el interés general y es lo que nos une», ha apostillado, tras pedir a todos «elevar la mirada» ante la «extrema gravedad» de la situación provocada por el coronavirus.