Montero aclara que la regularización fiscal del Rey emérito aún no está concluida
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha aclarado este martes que el procedimiento de regularización fiscal llevado a cabo por el Rey emérito no ha concluido, toda vez que la Agencia Tributaria tiene que hacer algunas comprobaciones.
«La semana pasada expresé con muchísima claridad que no se daba por concluido ese procedimiento», ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en referencia a los casi 4,4 millones de euros pagados por Don Juan Carlos a finales de febrero para regularizar los casi 8 millones de euros en vuelos que le habría costeado en los últimos años la Fundación Zagatka.
«La Agencia Tributaria tiene que desarrollar una serie de averiguaciones importantes para el esclarecimiento del conjunto de las circunstancias que dieron lugar a esa regularización», ha precisado la ministra.
En este sentido, ha aclarado que se tiene que «comprobar que las regularizaciones son completas y veraces» y solo una vez completadas «todas las actuaciones» se podrá afirmar que ese es el caso.
Además, la Agencia Tributaria tiene que seguir ofreciendo «auxilio judicial» a la Fiscalía que está investigando «algunas actuaciones dentro de nuestro país y fuera del mismo respecto a algunos contribuyentes», ha añadido Montero, sin citar a Don Juan Carlos.
Así, ha recordado que «está prohibido legalmente que nadie en la Agencia Tributaria» o ella como ministra de Hacienda «hagan referencia» a un contribuyente en concreto por que tienen «deber de secreto y confidencialidad».
En todo caso, ha insistido en que se trata de «procedimientos habituales en este tipo de situaciones en las que una persona está siendo investigada por la Fiscalía». «Nosotros estamos a lo que nos pidan», ha añadido.
Don Juan Carlos es objeto de tres investigaciones separadas por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo. En concreto, están en marcha diligencias por el supuesto cobro de comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas, el uso por parte del Rey emérito y otros familiares de tarjetas de crédito opacas y por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a su nombre en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.