Mónica García señala que Sanidad estará «vigilante» con las CCAA para que apliquen criterios comunes en gripe y Covid-19
Sanidad lleva al CISNS un documento de consenso
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que su departamento estará «vigilante» con las CCAA para que «actúen en tiempo y forma» en la aplicación de un documento que establece criterios comunes de actuación en gripe y Covid-19 y que se lleva este viernes al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS).
«La intención es evitar el caos que se vio el invierno pasado, no nos vamos a resignar a que el colapso en urgencias sea parte del paisaje del invierno, queremos anticiparnos y actuar antes de que sea demasiado tarde», ha destacado García en unas declaraciones previas a los periodistas a la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).
Según ha explicado García, para «ponerle remedio» a los colapsos se está trabajando con las comunidades autónomas «codo con codo en un documento que establecerá los criterios comunes para valorar el riesgo de las infecciones respiratorias agudas y para aplicar las medidas de prevención y control de inmediato».
La ministra ha indicado que este viernes se dará cuenta en el CISNS de los avances que se han realizado en la ponencia de alertas y en la Comisión de Salud Pública sobre este asunto.
Así, García ha resaltado la importancia de la campaña de vacunación y ha asegurado que la meta de su departamento es llegar al 75 por ciento de vacunación en la población de riesgo y al 65 por ciento entre el personal sanitario.
«La campaña ya ha comenzado y animo a todos los grupos de riesgo a que acudan a sus centros de referencia, a sus centros de salud para ser vacunados, porque ya sabemos que vacunarse es la mejor manera de evitar el tensionamiento de nuestro sistema sanitario», ha manifestado.
Asimismo, García ha informado que durante el CISNS se actualizará el estado de varios de los proyectos normativos como la Ley de prevención del consumo de alcohol en menores; la financiación de productos sanitarios en pacientes no hospitalizados; la regulación de la evaluación de las tecnologías sanitarias, entre otros.
