Ministro de Educación chileno califica de «absurda» la acusación constitucional por impulsar clases presenciales

El ministro de Educación de Chile, Raúl Figueroa, ha calificado este miércoles como «absurda» la acusación constitucional que la oposición planea presentar contra él por impulsar la presencialidad en las aulas en el contexto de la pandemia del coronavirus.

En este contexto, Figueroa ha considerado que es «como el mundo al revés, uno quiere que los niños vuelvan a clases y lo acusan constitucionalmente». «Y los que promueven que no vayan a clases son los que promueven las acusaciones. En nuestro país cualquier cosa puede pasar, pero me parece absurdo», ha asegurado en una entrevista con radio Pauta.

Las declaraciones del ministro se dan después de que el presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Juan Santana, anunciara que las bancadas opositoras están evaluando presentar una acusación constitucional contra Figueroa, ya que consideran «inaceptable que se exponga la salud y la seguridad de nuestras comunidades escolares a través de un chantaje contra los municipios».

El responsable de la cartera ha defendido que el objetivo de su gestión ha sido garantizar una vuelta a las clases presenciales segura, y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por lo que «pretender acusar a un ministro de Educación porque lo que ha hecho es promover con todas las medidas de seguridad y entregando todas las condiciones (..) que las actividades presenciales se recuperen, sería una escena de récord mundial».

También, preguntado por la supuesta amenaza de eliminar las subvenciones a los colegios que decidieran no reabrir sus puertas, Figueroa ha negado esta información alegando que su propuesta fue «analizar todas las alternativas a disposición».

«¿Estudiar las alternativas legales que un ministro de Educación tiene para llevar a cabo su trabajo es una amenaza?», ha cuestionado en referencia a este asunto.

El regreso a las clases presenciales ha sido motivo de disputa en el país entre las autoridades locales y las órdenes del Gobierno nacional. De hecho, solo el 34 por ciento de los centros educativos que tienen las condiciones para abrir lo ha hecho, según recoge La Tercera , mientras que el porcentaje baja hasta el 17 por ciento en el caso de los centros con dependencia municipal.