Sumar pide al Gobierno que publique un calendario de sustitución de los programas militares israelíes cancelados
El grupo parlamentario de Sumar en el Congreso ha reclamado al Gobierno que publique un calendario de sustitución de los programas militares suspendidos en virtud del veto al comercio de material militar con el Estado hebreo, en el marco de la ofensiva contra la Franja de Gaza.
El Congreso dio luz verde al embargo a la compraventa de material militar a Israel a principios de octubre, después de ser aprobado por el Gobierno como medida de presión a Tel Aviv en plena ofensiva contra el enclave palestino, que el Ejecutivo tildó de «genocidio». El presidente, Pedro Sánchez, justificó que consagraba el veto al comercio militar con Israel que «de facto» se aplicaba desde el 7 de octubre de 2023.
Meses antes de la puesta en marcha de estas medidas, el Ministerio de Defensa anunció un «plan de desconexión» de la industria militar israelí. La idea pasaba por sustituir los productos israelíes sin perjuicio a las capacidades de las Fuerzas Armadas, aunque persistían las dudas sobre cierto material de Inteligencia, de equipamiento o tecnología, para el que el Ministerio de Defensa había admitido «dependencia». Sin embargo, Robles dio por concluido el vínculo industrial con el Estado hebreo en el ámbito de la defensa ya en septiembre.
MISILES Y LANZACOHETES
En una iniciativa registrada en la Cámara Baja, recogida por Europa Press, Sumar pone el foco en la anulación de los contratos para el suministro de 168 sistemas de misiles anticarro Spike LR2, con un importe de 237 millones de euros, adjudicado a PAP Tecnos Innovación SAU; del contrato para suministrar el sistema lanzacohetes SILAM, valorado en 576 millones, con la participación de la israelí Elbit Systems; y el acuerdo para sistemas de combate aéreo, por 207 millones, adjudicado a Rafael.
Así, el grupo parlamentario de Sumar pide al Ejecutivo que haga público, en el menor tiempo posible, un cronograma de sustitución de todos los programas de seguridad y defensa en los que hayan intervenido bienes, tecnologías o patentes israelíes.
Además, quiere que el Gobierno ejecute en España al menos 80% de los fondos presupuestados para programas de defensa y el 90% en la Unión Europea.
