Médicos de Familia lamentan los cortes de suministro eléctrico y sus efectos en la salud
El Grupo de Trabajo Inequidades en Salud y Salud Internacional de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC), con el apoyo de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), ha mostrado su «preocupación» por los cortes de suministro eléctrico y sus efectos en la salud de la población.
«Desde los centros de salud podemos observar en cada consulta y visita domiciliaria el deterioro progresivo de las condiciones que posibilitan una vida digna para los barrios y las familias más vulnerables, generando enfermedad e inequidad respecto al resto de la sociedad», explican a través de un posicionamiento publicado este viernes.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el suministro eléctrico como «un requisito previo para la buena salud» y la pobreza energética como «un problema social y de salud pública ampliamente ignorado por la comunidad internacional».
En este sentido, los expertos de semFYC resaltan que la falta de suministro eléctrico «afecta a todas las esferas de la vida cotidiana del barrio y quienes lo habitan: iluminar las calles, ducharse, cocinar, disponer de alimentos refrigerados en comercios y hogares, dar clase en los colegios, caldear las viviendas y centros públicos, utilizar el ascensor o leer un libro».
«También se relaciona con un aumento de muertes en invierno; mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, resfriados, gripe y empeoramiento de enfermedades reumatológicas; mayor incidencia de asma, bajo peso al nacer e ingresos hospitalarios en la infancia, así como un aumento de los problemas de salud mental en la adolescencia, absentismo escolar y accidentes por falta de iluminación y medidas alternativas empleadas para calentar el hogar. Recientes estudios realizados en nuestro país confirman la relación entre mala salud y pobreza energética», advierten.
En resumen, lamentan que la falta de suministro eléctrico en los hogares supone «un grave riesgo para su salud». «Por ello, instamos a las Administraciones Públicas a tomar las medidas necesarias que garanticen el derecho a la energía como un derecho fundamental que incluya la producción sostenible, el consumo por un precio asequible y el suministro energético ininterrumpido», concluyen.
