Mazón defiende la Ley de Concordia y espera que el Gobierno quiera negociar «de buena fe y sin buscar rédito político»
VALENCIA, 30
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha defendido la Ley de Concordia de la Comunitat Valenciana, aprobada hace unos meses por PP y Vox en Les Corts, y ha asegurado que está «convencido» de que el Gobierno quiere negociar sobre esta norma «de buena fe, sin buscar rédito político y sin ánimo de inmiscuirse en el autogobierno y en la plena capacidad legislativa».
«Estamos dispuestos a dialogar y a explicar las cosas», ha manifestado en rueda de prensa, tras la presentación de la campaña del 9 d Octubre, sobre la comisión bilateral propuesta por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática respecto a la Ley de Concordia.
Mazón, también líder del PPCV, ha garantizado que esta dispuesto a «volver a explicar» al Gobierno, ya que «a lo mejor hay gente que no lo ha entendido o no lo ha querido entender», que esta norma busca compatibilizar la «consolidación de derechos adquiridos» con el «blindaje» a «todas las víctimas».
«El tratamiento adecuado a todas las víctimas del franquismo es perfectamente compatible con ampliar derechos a otras víctimas», ha aseverado, para defender que blindar y ampliar derechos es «lo mejor para la convivencia».
Dicho esto, Mazón ha insistido en que estará «encantado» de explicarlo y en su convencimiento de que el Gobierno «seguro» que propone negociar «con la mejor intención del mundo».
Preguntado por si su intención es no aplicar cambios en la norma y por qué le parece que el PP haya rechazado en Castilla y León tramitar su Ley de Concordia, ha reiterado: «Estoy convencido de que el Gobierno lo plantea de buena fe y seguro de que, como lo plantea así, estará dispuesto a escuchar y a entrar en razón con respecto al blindaje de los derechos existentes y a su ampliación».
En este punto, el jefe del Consell ha sostenido que «conviene recordar que si Miguel Ángel Blanco –asesinado por ETA en 1997– hubiera nacido en Castellón, no hubiera sido declarado víctima de violencia política» con la anterior Ley de Memoria Democrática de 2017, lo que ve como «una barbaridad desde el punto de vista de los Derechos Humanos», y «con esta ley sí».
