Mazón advierte de que la «supresión» del FLA extra supondría «un gravísimo colapso» para los servicios públicos


Urge al Gobierno a «reconsiderar» esta posibilidad: «El pueblo valenciano no entendería otra cosa»

VALENCIA, 13

El presidente de la Generalitat, Carloz Mazón, ha advertido este martes de que de confirmarse la posibilidad de «supresión» del Fondo de Liquidez Autónomico (FLA) extraordinario extra de 3.000 millones supondrá «un gravísimo colapso» para los servicios públicos valencianos, como la Sanidad, Educación o Servicios Sociales, en el «peor momento» de la historia de la Comunitat Valenciana por la dana.

Por ello, en su intervención en el III Foro Económico de la Comunitat Valenciana Los desafíos de la reconstrucción y el progreso , organizado por El Español, ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a «reconsiderar» esta decisión: «el pueblo valenciano, no entendería otra cosa».

Al respecto, ha trasladado «su estupor y pánico» porque el Gobierno de España por «primera vez desde que existe el fondo de liquidez extraordinario para compensar a las comunidades peor financiadas, y la Comunitat Valenciana es la peor financiada, no lo ha aprobado en el mes de diciembre para hacer frente a nuestros pagos sociales» y ha lamentado que el Gobierno de Sánchez «no les ha dado ninguna explicación en absoluto».

Mazón ha recalcado al respecto que la Comunitat Valenciana «no tiene un déficit por gastar más de lo que le corresponde sino porque ingresa menos de lo que se merecen sus políticas sociales». Por tanto, ha señalado que sería «inédito», como ya trasladó en la Conferencia de Presidentes «sin ningún ánimo de confrontación política ni de llevar esto al juego político de los reproches», que se confirmara esta posibilidad, que también afectaría a Murcia y a Cataluña.

Además, ha recordado que, según algunos estudios, la dana puede provocar una reducción de dos décimas en el crecimiento económico de la Comunidad Valenciana del próximo año, y bajar del 2,7 al 2,5.

Por contra, ha remarcado el esfuerzo de la Generalitat en «la mayor movilización de fondos públicos de toda su historia» para hacer frente a «esta tragedia excepcional» y en ese sentido ha destacado los más de 1.050 millones de euros movilizados hasta el momento para el Plan Recuperem València .

Así, ha destacado que el Ejecutivo valenciano, a pesar de «la infrafinanciación y de contar con un presupuesto 18,3 veces menor que el Gobierno central», ha comprometido en estos casi 50 días «más fondos que la suma total de los intereses -900 millones de euros- que los damnificados tendrán que devolver de los 5.000 millones de euros de créditos ICO que el Gobierno ha puesto a su disposición como principal fuente de ayudas».

Mazón ha recordado que los Presupuestos Generales del Estado ascienden a 578.000 millones aunque solo se han anunciado «alrededor de 3.600 millones en ayudas que no hay que devolver».

En esta línea, ha resaltado que de los 31.000 millones solicitados al Gobierno para afrontar la reconstrucción de las zonas afectadas «se han comprometido entre 14.000 y 16.000 millones según el día» y ha incidido que en esa cifra están incluidas las compensaciones del Consorcio de Seguros, los créditos ICO «que hay que devolver con intereses».

En contraposición, ha aseverado que la Generalitat ya ha comprometido 510 millones en ayudas directas, «de las que ya se han abonado más de 100 millones para familias, alquiler de viviendas, autónomos y empresas en menos de 50 días», además de ratificar su compromiso «para seguir acelerando el ritmo de pagos».

«FALTA DE COMPRENSIÓN» HACIA LOS DAMNIFICADOS

Mazón ha recalcado que la riada causó la destrucción de alrededor de 100.000 vehículos y al respecto ha criticado que las ayudas anunciadas por el Ejecutivo otorgan una ayuda de 10.000 euros para un vehículo totalmente eléctrico que ronda un gasto medio de 50.000 euros, «sin tener en cuenta la situación económica de las familias que lo han perdido todo».

Además, ha reprochado que el Gobierno «pretende recaudar el IVA, lo cual implica que por cada 10.000 euros concedidos para la compra de un coche eléctrico, el Ejecutivo recaudará 8.400 euros, con lo que la ayuda inicial se queda en 1.600 euros», hecho que ha tildado de «falta de comprensión hacia los damnificados».

De igual modo, ha señalado que el dinero abonado por el Consorcio de Seguros «es una compensación regulada por ley a la que todos los damnificados por una catástrofe natural tienen derecho porque ya han pagado por ello». «No es una dádiva del Gobierno, ni un ejercicio de generosidad», ha subrayado.

Del mismo modo, también ha solicitado al Gobierno de España que incluya en su decreto de ayudas a 10 municipios de la Comunitat como Tous y Carcaixent «que han quedado excluidos y sí están contemplados en el decreto de la Generalitat».

EXENCIÓN TOTAL DE IMPUESTOS

Asimismo, ha demandado al gobierno «una exención total de impuestos» para las personas y empresas afectadas por la catástrofe.

En este sentido, ha exigido un IVA cero para reparaciones de viviendas y vehículos, así como para la adquisición de nuevos y que las ayudas de las empresas a sus empleados se declaren exentas si son consideradas rentas del trabajo.

Mazón ha asegurado que la Generalitat «ha cumplido con su parte» y ha mencionado el decreto de medidas fiscales extraordinarias para ayudar a las familias y empresas afectadas con deducciones en el IRPF del 100% de los gastos para hacer frente a los daños en vivienda habitual y del 45% por aportaciones a los fondos de entidades que desarrollen actividades económicas. El decreto, ha recordado, también incluye la exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como las donaciones, para reposición de bienes inmuebles y adquisición de vehículos y en el canon de saneamiento.

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