Marruecos no ha remitido ninguno de los «más de 700» informes sobre niños llegados a Ceuta en mayo pedidos por España
CEUTA, 2
Las autoridades marroquíes no han contestado a ninguna de las «más de 700» peticiones de informes familiares sobre otros tantos menores migrantes no acompañados llegados a Ceuta en mayo que ha solicitado al Reino alauita la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional.
De esta forma, el país vecino mantiene de hecho bloqueada la posibilidad de incoar ningún expediente de repatriación de acuerdo con lo previsto en el Reglamento de la Ley de Extranjería que la Justicia española ordenó aplicar en agosto, cuando paralizó los «retornos asistidos» que ambos países acordaron iniciar apelando a un acuerdo bilateral de 2007 para regatear todos los procedimientos que exige la normativa nacional para poder ejecutar la devolución de cualquier niño.
Fuentes de la Delegación han explicado en declaraciones a Europa Press que se han solicitado dictámenes tanto de los niños y adolescentes que permanecen en Ceuta (un total de 360 siguen acogidos por la administración local) como de otros que fueron reseñados en la ciudad, aunque actualmente ya hayan sido trasladados a otras regiones o hayan cruzado irregularmente el estrecho.
«Esta ha sido siempre la actitud habitual del país vecino, que únicamente mostró disposición de colaborar activamente en agosto», han recordado esas mismas fuentes sobre el intento de aplicar un procedimiento expeditivo que fue abortado por la Justicia tras la expulsión de 55 chicos.
El Servicio de Protección a la Infancia del Gobierno de Ceuta sí ha remitido ya a la Administración General del Estado «más de 200» informes sobre otros tantos chicos, pero la delegada del Gobierno, que es la competente para hacerlo, solamente puede acordar la incoación del procedimiento de repatriación de un menor migrante extranjero si también dispone de un dictamen de la representación diplomática del país de origen del joven sobre sus «circunstancias familiares».
En caso de conseguir ambos, la delegada debe valorar si a la luz de su contenido y teniendo en cuenta el «interés superior» de cada joven, la mejor solución individual para cada uno es o no «la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen».
