Marlaska fija como prioridad derogar la ley mordaza pero manteniendo la protección sobre el trabajo de los policías
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha establecido este martes como prioridad del Gobierno la «derogación» de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, la conocida por sus detractores como ley mordaza , una norma «fallida» y «fruto del rodillo» del PP que se cambiará pero manteniendo la cobertura para que los policías realicen su función con «garantías», de forma que puedan «proteger» los derechos y libertades de la ciudadanía.
«El Gobierno tiene dentro de sus prioridades la derogación de la denominada ley mordaza», ha asegurado Grande-Marlaska en respuesta a una pregunta del senador del PSOE Raúl Díaz Marín. La nueva ley, ha añadido el ministro, estará «acompasada y se amoldará a los principios y valores constitucionales, pero también ofrecerá garantías a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que necesitan garantías y medios para desarrollar su trabajo».
Grande-Marlaska, que ha mencionado la oferta de empleo público, el acuerdo de equiparación salarial y el plan de inversiones para Policía y Guardia Civil, se ha mostrado convencido de que la actual legislatura del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos será «provechosa aunque a la derecha le cueste creerlo».
En este sentido, ha defendido la derogación de la ley mordaza que fue «fruto del rodillo» de la mayoría absoluta del PP y que supuso «la ruptura del equilibrio entre el ejercicio de derechos y libertades y la seguridad ciudadana y ha motivado el colapso por las denuncias que se sustentan muchas veces en infracciones ajenas al ejercicio de proporcionalidad y conculcadora de derechos fundamentales».
«Estamos ante una ley que podríamos decir fallida», ha añadido Grande-Marlaska más adelante, insistiendo en la «reforma» de dicha ley. «Queremos una ley de Seguridad Ciudadana que sea realmente el espíritu del artículo 104 de la Constitución, una legislación moderna y consensuada, que dé cobertura a los ciudadanos para el ejercicio de sus derechos y libertades y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para el ejercicio de su función, que es proteger esos derechos», ha concluido.
