Marlaska cree que el acuerdo del CGPJ «da respuesta a pretensiones» de jueces y ve bien limitar las puertas giratorias


El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles el acuerdo firmado entre el PSOE y el PP que pone fin a la «anomalía institucional» de no renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya que, según él, se «da respuesta a las pretensiones legítimas de toda la carrera judicial» y «garantiza el correcto funcionamiento de nuestras instituciones».

En rueda de prensa tras presentar la campaña de verano de la Dirección General de Tráfico, Grande-Marlaska también ha indicado que le parece «absolutamente perfecto» que el acuerdo incluya una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para evitar las denominadas puertas giratorias de jueces que pasan a la política.

En concreto, le han preguntado por su situación, ya que Grande-Marlaska es juez en excedencia al ocupar ahora la cartera de Interior, por lo que no podría volver a dictar sentencias en un plazo de dos años en el caso de volver a la judicatura.

NO HAY NOMBRES EN LAS LEYES

«Aquí no hay nombres en las leyes ni casos individuales, aquí lo importante es que sigamos avanzando en la independencia judicial y que sigamos avanzando en nuestra democracia, sin olvidar que somos una democracia plena», ha dicho.

Sobre el acuerdo sellado ayer en Bruselas entre el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el dirigente del PP Esteban González Pons ha añadido que «todos se pueden sentir muy satisfechos». «Hemos puesto punto final a una anomalía institucional que ha durado más de cinco años, casi seis años», ha apuntado.

«También es una manifestación de cómo, dentro de los desacuerdos que puedan existir entre fuerzas políticas, se puede y se debe convenir necesariamente para garantizar el correcto funcionamiento de nuestras instituciones», ha añadido.

«Hemos dado respuesta, como siempre lo ha pretendido el Gobierno, a las pretensiones legítimas del conjunto a la sociedad y, particularmente, de las asociaciones de jueces, de magistrados, y toda la carrera judicial», ha concluido, subrayando que para el Gobierno «siempre» es prioritario alcanzar acuerdos que garanticen la calidad democrática y el bienestar de la sociedad.

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