Marlaska asume el mando de todas las policías: apela al «deber cívico de colaborar» y avisa de sanciones

Dicta una orden que autoriza a los agentes para vigilar el cumplimiento del estado de alarma «con principios de proporcionalidad y necesidad»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha dictado una orden este domingo con la que se establece los criterios de actuación con «proporcionalidad y necesidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del conjunto del país con el objetivo de cumplir con las restricciones del Real Decreto por el que se declara la situación de estado de alarma para hacer frente al coronavirus (Covid-19).

En la misma, asume el mando de policías autonómicas y locales para controlar movimientos de los ciudadanos y apoyar la labor sanitaria, apelando al «deber cívico de colaborar» con los agentes, con riesgo para los incumplidores de ser sancionados «con arreglo a las leyes». Fuentes del Gobierno aseguraron anoche que las sanciones se regularán por la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal.

Según ha informado Interior, se imparten «criterios comunes de actuación» para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, «que deberán actuar de forma coordinada bajo el mando del ministro con el objetivo de hacer cumplir medidas como el control de los movimientos, el apoyo a las labores sanitarias, garantizar el suministro alimentario y de bienes de primera necesidad o asegurar el funcionamiento de las infraestructuras críticas».

Señala en este sentido que «en todos los dispositivos de seguridad se potenciará la colaboración y coordinación entre los cuerpos policiales con competencia en cada ámbito territorial». También establece «la colaboración del personal de seguridad privada que preste servicio en las instalaciones o servicios afectados».

CENTRO DE COORDINACIÓN OPERATIVA

A tales efectos, el Ministerio del Interior constituirá un Centro de Coordinación Operativa «que asegure una transmisión permanente y continúa de información con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya sean estatales, autonómicas o locales, tanto para la difusión de órdenes y directrices de actuación como para la recepción y seguimiento de las novedades que se produzcan».

La resolución mantendrá su eficacia durante toda la vigencia del Real Decreto y tiene como destinatarios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; los cuerpos de Policía de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, así como el personal de las empresas de seguridad privada.

El objetivo de esta orden es «adecuar al ámbito competencial del Ministerio del Interior» las medidas contenidas en el Real Decreto «en relación con la actuación operativa que para su ejecución deban asumir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». También regula medidas de protección sanitaria para todos los policías.

«DEBER CÍVICO» Y POSIBLES SANCIONES

Para ejecutar estas medidas, la resolución señala que «la ciudadanía tiene el deber cívico de colaborar y no obstaculizar la labor de los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones», y añade que «el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente será sancionado con arreglo a lo dispuesto en las leyes».

Todas estas medidas se aplicarán «de acuerdo con los principios de proporcionalidad y necesidad, dirigidos a proteger la salud y seguridad de los ciudadanos y contener la progresión de la enfermedad», añade la orden del Ministerio del Interior. El Real Decreto dictado por el Gobierno establece que todas las Fuerzas de Seguridad del Estado, incluidas las autonómicas y locales, quedan bajo las órdenes directas del ministro del Interior para «la protección de personas, bienes y lugares».

Precisamente uno de los objetivos de la orden dictada por Grande-Marlaska es «garantizar una acción concertada de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los cuerpos de policía autonómicos, las policías locales y el personal y empresas de seguridad privada, para la implantación y el cumplimiento, en todo el territorio nacional, de las medidas previstas en el Real Decreto».

APOYO A LAS AUTORIDADES SANITARIAS

La orden pone a disposición de las autoridades y de los profesionales sanitarios «aquellas capacidades de los cuerpos policiales que sirvan para auxiliar a las instituciones y a los profesionales sanitarios ante situaciones en las que dicho auxilio sea necesario para que pueda prestarse asistencia sanitaria urgente a las personas que lo precisen».

En este sentido, se indica que «se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de centros sanitarios». Este refuerzo también se aplicará «en establecimientos de elaboración, almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos o sanitarios». «Cuando resulte necesario en atención a las circunstancias, se apoyarán los desplazamientos de los servicios sanitarios o de emergencias», señala asimismo la resolución.

LIBERTAD DE MOVIMIENTOS

El Real Decreto dictado por el Gobierno introduce una serie de limitaciones para la libertad deambulatoria de los ciudadanos. La resolución dictada por Grande-Marlaska indica en este ámbito que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad «establecerán dispositivos de seguridad, fijos y móviles, tanto en las vías y espacios públicos como en la red de transporte, y en particular en aquellos lugares o franjas horarias que específicamente se puedan ver afectados por las restricciones que se acuerden, para asegurar la observancia de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria».

«En todo caso, en la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se tendrá en cuanta la necesidad de garantizar que los ciudadanos puedan acceder a sus puestos de trabajo y a los servicios básicos en caso necesario, así como la de permitir la movilidad del personal perteneciente a entidades dedicadas a la prestación de servicios esenciales o al abastecimiento y distribución de bienes y servicios de primera necesidad», recoge la orden.

OTRAS MEDIDAS

La orden aborda asimismo otros ámbitos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto dictado por el Gobierno. Los agentes, por ejemplo, deberán prestar su apoyo «a las medidas destinadas a garantizar el suministro alimentario, y de otros bienes y servicios».

Señala también, entre otros elementos, que «se reforzarán las medidas policiales de seguridad tendentes a garantizar el normal funcionamiento de las infraestructuras críticas». Se llevarán a cabo asimismo tareas de «apoyo a las medidas restrictivas en relación con la actividad comercial, apertura de establecimientos y actos de culto».

La orden también dedica un apartado a la protección de la salud de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Los funcionarios policiales incluidos en el ámbito de aplicación de esta orden, independientemente de su cuerpo de pertenencia, tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Se observarán en todo caso las recomendaciones e instrucciones impartidas en cada caso por las autoridades sanitarias en relación con la prevención de la transmisión del coronavirus», señala el texto.