MARE no pedirá responsabilidades por pagos «indebidos» y solo reclama a trabajadores que devuelvan los del último año

Está a la espera de sentencia en los casos en los que los trabajadores no han aceptado el acuerdo de devolución

SANTANDER, 27

MARE, la empresa pública de gestión de residuos dependiente del Gobierno de Cantabria, no pedirá responsabilidades a quienes han sido sus administradores por el pago de cantidades «indebidas» (al menos 1,3 millones desde 2008 según una auditoria de la Intervención) y solo requiere a los trabajadores que las percibieron que devuelvan la parte cobrada de forma irregular en el último año.

Así se desprende de las explicaciones dadas este lunes en el Pleno del Parlamento regional por el consejero de Medio Ambiente y presidente de MARE, el regionalista Guillermo Blanco, sobre el asunto de los «pagos indebidos» en esta empresa pública (la oposición habla de «sobresueldos», un término que, según ha dicho el titular del área, «en ningún momento», se emplea en la auditoria de la Intervención).

El consejero ha explicado que el Gobierno tuvo conocimiento de estas cantidades abonadas de forma indebida en junio de 2019 cuando la Intervención entregó la auditoria y ha asegurado que, desde entonces, ha actuado con «determinación y presteza» para afrontar el problema y corregirlo «con la mayor transparencia posible».

Ha afirmado que desde MARE, al frente de cuya dirección está desde octubre de 2019 José María Díaz, se está «cumpliendo escrupulosamente» las indicaciones de la Intervención General para solucionar este tema.

Ha señalado que en enero de 2020 el director de MARE presentó un plan de actuaciones con «medidas correctoras» para cumplir con las sugerencias y recomendaciones hechas por la Intervención. Según ha dicho, el informe de auditoría incluía 45 recomendaciones que finalmente se convirtieron en 69 acciones a realizar, de las que «un 71%» están «implantadas o en ejecución».

El consejero ha dado cuenta de las principales actuaciones llevadas a cabo en este tiempo, entre las más recientes, en 2021, se regularizaron las retribuciones y se informó de la reclamación de cantidades percibida de forma indebida, estableciendo diversas formas de devolución e indicando que, en caso de no preceder a hacerlo, la empresa actuaría de oficio.

Posteriormente, en marzo, se reclamó en el ORECLA a los trabajadores que no se avinieron al acuerdo la devolución de sus ingresos indebidos en 2020, celebrándose en abril los actos de conciliación, de los que todos menos tres acabaron sin acuerdo.

Con estos tres casos con los que sí hubo acuerdo, se acordó que devolviesen las cantidades percibidas d forma indebida en 24 mensualidades que irían siendo detraídas de sus salarios.

Respecto al resto, el consejero ha afirmado que «en este momento, las reclamaciones de devolución salarial del resto de trabajadores están a la espera de sentencia».

Y en relación a la posible presentación de medidas judiciales para exigir responsabilidades contra los administradores de la empresa pública en este tiempo por su gestión económica por las que le ha preguntado Vox, el consejero ha señalado que éstas, de existir, debieran exigirse por parte del Tribunal de Cuentas.

Además de la contestación de estas preguntas por parte del consejero en relación a este tema, en el Pleno de este lunes se ha debatido una iniciativa de Cs transaccionada con Vox que, precisamente, tenía que ver con la exigencia de devolución de las retribuciones indebidas cobradas por los trabajadores y la depuración de responsabilidades por parte de los administradores, que no ha salido adelante al contar con el voto en contra de PRC y PSOE, que suman mayoría en la Cámara, y la abstención del PP.

En la iniciativa se instaba, por un lado, al Ejecutivo a reclamar a los trabajadores la devolución de las «retribuciones indebidas» que «jurídicamente correspondan», incluso recurriendo a la vía judicial si es preciso, y, por otra, a convocar una Junta General de Accionista para deliberar y votar sobre la depuración de responsabilidades por parte de los administradores de la empresa pública.

En la iniciativa se limitan estas responsabilidades a quienes han estado al frente de la sociedad desde junio de 2019 –fecha en la que se conoció la auditoria– hasta el 31 de diciembre de 2020.

Según los proponentes, por parte de estos administradores, «conocedores» de estos pagos indebidos, «no se ha movido un papel» para solucionar la situación, causando, a su juicio, un «daño patrimonial» a la sociedad.

Además, han subrayado que el dinero abonado de forma indebida es dinero público y es «obligación» del Gobierno y de MARE realizar todas las gestiones para recuperarlo.

PRC y PSOE han negado que no se haya hecho nada para atajar la situación y han asegurado que «se ha actuado desde el primer momento», poniendo en marcha medidas para atajar ese tipo de prácticas, entre ellas el despido en octubre de 2019 del responsable de Recursos Humanos de la sociedad.

«Lo que pasa es qe se ha actuado conforme a la ley y buscando garantizar los derechos legítimos de los trabajadores que, aunque hayan cobrado unos conceptos no bien pagados, ellos tienen derecho a defender lo que pueden considerar que son sus legitimos derechos», ha afirmado el socialista Javier García Oliva, que ha señalado que, por ello, ha llevado «unos meses» el poder llegar el momento de reclamar a los trabajadores la devolución de estas cantidades, algo que ya se ha hecho.

Y es que, según ha dicho, aunque un trabajador esté cobrando determinados conceptos erróneos «no se le puede cambiar la nómina de aquí a mañana».

Además, ha criticado a los proponentes por su «análisis tendencioso» de lo ocurrido en MARE y cree que su iniciativa, con una argumentación basada en afirmaciones que «no responden a la realidad de lo ocurrido», solo busca «un titular» en la prensa.

A su juicio, si realmente hubieran tenido interés por conocer lo ocurrido hubiera pedido la comparecencia del actual director de MARE, o sus antecesores antes de sacar conclusiones y decir que no se ha hecho nada, afirmaciones que son, en su opinión, una «ligereza que no corresponde a la realidad».

Por su parte, desde el PRC se considera que la iniciativa solo busca «embarrar» y «no aporta nada» al objetivo del Gobierno que es el de solucionar los problemas de los trabajadores de este empresa.

La regionalista Ana Obregón ha pedido «no demonizar» a los trabajadores de la empresa y ha afirmado que «en muchos casos» éstos han hecho el trabajo por el que se les ha pagado y lo que ha pasado es que quien lo ha reflejado en la nómina lo ha hecho «sin aplicar la legalidad». «Ellos no tienen la culpa», ha dicho la diputada, que ha pedido «más respeto» y «empatía» hacia éstos y ha rechazado que se diga que «se han llevado el dinero».

Por su parte, el PP tampoco ha apoyado la iniciativa de Cs y Vox (se ha abstenido) porque aunque está de acuerdo en saber lo que ha pasado y en buscar responsabilidades no comparte el primer punto de la misma, el relativo a la reclamación de la devolución de cantidades a los trabajadores porque, a su juicio, deja a éstos como «culpables».

«Y nada más lejos de la realidad», ha apostillado la diputada Isabel Urrutia, que ha señalado que los populares apoyarían la iniciativa si se retiraba este punto, algo que no ha ocurrido porque, según Cs, «no podía» suprimirlo ya que no se puede obviar que hay cantidades indebidamente abonadas que hay que devolver. Pese a ello, ha asegurado que su formación no busca criminalizar a la plantilla.

El PP ha anunciado que va a pedir la comparecencia urgente del director de MARE en el Parlamento y ha advertido que si éste no contesta a sus preguntas pedirá la del consejero del área.

Y es que, según ha dicho, el PP ha «echado de menos» del Gobierno ruedas de prensa, actos públicos, comparecencias en el Parlamento para ver quién salía a contar lo ocurrido.