Maíllo (IU) cree que el amparo del TC a condenados por los ERE «no absuelve la mala gestión de la Consejería de Empleo»

MADRID/SEVILLA, 8

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha opinado este lunes que la «absolución penal» que está propiciando el Tribunal Constitucional (TC) a ex altos cargos de la Junta de Andalucía, al estimar sus recursos de amparo frente a sus condenas por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, «no absuelve de la mala gestión» que, en su opinión, hizo la Consejería de Empleo en la anterior etapa de administración socialista.

En declaraciones a medios de comunicación en Madrid, el líder de IU se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre dicho caso al hilo de las resoluciones que en las últimas semanas está adoptando el Pleno del TC, que todavía tiene pendiente de resolver los recursos de amparo interpuestos por los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo.

Antonio Maíllo ha subrayado que desde IU siempre han apuntado a la existencia de «responsabilidades políticas» por este caso, y así lo defendió la formación «hace ya 12 años», en el seno de la comisión de investigación que sobre este asunto se constituyó en el Parlamento andaluz.

Tras ello, el líder de IU ha remarcado que el Constitucional «no es un tribunal de justicia al uso, sino el que garantiza derechos constitucionales básicos a personas que han sido condenadas por la justicia», por lo que sigue «un carril diferente» al de las organizaciones políticas, que deben situarse en el terreno de «la valoración política», según ha opinado.

En esa línea, Maíllo ha sostenido que Izquierda Unida no apuntaba en este caso a «responsabilidades penales, pero sí a responsabilidades políticas, que se mantienen», en su opinión.

Dicho esto, ha agregado que «el problema lo tiene el Partido Popular», que, en su opinión, sí apostó por «la penalización de responsabilidades políticas» en este caso, y que ahora, con las resoluciones del Constitucional, «ve cómo esa penalización se absuelve».

«El gran debate de fondo que hay es que la crítica política no se avala porque haya una condena judicial, que es otro plano, ni tampoco se absuelve una crítica política porque se absuelva en el plano judicial», ha argumentado el líder de IU para añadir que «el problema es que en España hemos vivido en estos últimos tiempos muy vinculando las decisiones judiciales a las decisiones políticas, y esa vinculación hace que se creen dos espejismos, que delinquir tenga una deslegitimación en términos políticos a todo, y que absolverte penalmente también te absuelva políticamente, y ninguna de las dos es verdad», ha remachado.

El que fuera también coordinador de IU Andalucía ha sostenido que la «absolución penal» que propicia el TC no es «una absolución política» en relación a la «mala gestión» que, en su opinión, se dio «en las políticas de empleo de la Consejería de Empleo» de la Junta, donde IU «siempre ha defendido» que hubo «una responsabilidad política muy grave», ha remarcado.

De igual modo, Antonio Maíllo ha sostenido que en este caso existe » lawfare en los términos en los que vincula el cumplimiento de una ley del Parlamento con una penalización o un delito», y al respecto ha sentenciado que «no puede ser nunca delito ejecutar un presupuesto parlamentario que es producto de la voluntad popular» expresada «a través del Parlamento».

EL «TOTUM REVOLUTUM» DEL PP

El representante de IU ha acusado al PP de haber propiciado en este caso un «totum revolutum» en el que «no entra en matices», sino que se queda «en el trazo grueso», que, según ha continuado, se convierte en «un bumerán en el momento que no sale tu hoja de ruta sin matices y de causa general, que es lo que ha hecho el Partido Popular», según ha agregado Antonio Maíllo para añadir que, cuando no se entra en esos matices, «te das con una realidad de bruces en la que no responden a todos tus deseos».

El dirigente de IU ha concluido señalado que «es evidente» que el Tribunal Constitucional «ha determinado que no se han dado garantías constitucionales a determinadas personas y que, por tanto, sobre esas garantías constitucionales tiene que intervenir» propiciando una reducción de sus condenas, pero a la pregunta de si «eso absuelve de las deficiencias políticas de los ERE y de la mala gestión que se hizo en la Consejería del Empleo», Antonio Maíllo ha contestado que la respuesta es «no».