Madrid responde a Montero que en Cañada lo que hace falta es que cada administración «cumpla sus obligaciones»

El consejero de Vivienda ha recordado que es competencia de Delegación del Gobierno desarticular las plantaciones de marihuana

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha respondido a la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, María Jesús Montero, que la cuestión en la Cañada Real Galiana no se trata de «sustituir el trabajo de otra administración» sino de que cada una «cumpla sus obligaciones».

«La Comunidad de Madrid cumple puntualmente sus responsabilidades, por ejemplo en materia de realojos donde se está ejecutando el Pacto por la Cañada Real y se está terminando el realojo de las primeras 150 familias. Pero la Administración central tiene que hacer las suyas en materia de seguridad», ha apuntado Pérez en declaraciones suministradas a los medios.

El consejero alude a la respuesta de Montero a las críticas ONU sobre los cortes de luz en el enclave chabolista, que llevan continuándose desde hace casi cuatro meses. El Relator especial de la ONU para la Extrema Pobreza aseguró que «lo verdaderamente irresponsable es dejar a niños sin electricidad durante el invierno», ante lo que la portavoz indicó que desde el Ejecutivo nacional no podían suplantar a otras administraciones.

Pérez ha incidido en que Delegación del Gobierno en Madrid tiene la responsabilidad de «desmantelar las plantaciones de droga» para que pueda volver el suministro eléctrico. «Por ser especialmente sensible y estar afectadas personas muchas veces enfermas o mayores, pues es un asunto que requiere mucho diálogo, cooperación institucional y unidad de acción. No se trata de traspasar las competencias a otras administraciones», ha recalcado el consejero.

Durante su intervención de ayer Montero insistió en que «le corresponde, en primer lugar, a los gobiernos locales, a las corporaciones locales que tienen que intentar dar una respuesta de urgencia a estas situaciones que se plantean».

Asimismo, señaló que la responsabilidad de la comunidad autónoma que «tiene que hacer planes de integración, políticas de estímulo, políticas de inserción, que permitan que esas familias abandonen una situación en la que están, impidiendo el normal desarrollo de la vida de los menores o de la vida de estas personas o están en asentamientos, que no cuentan con las condiciones básicas para el suministro de servicios esenciales o para una condición de vida higiénico sanitaria esencial».