Madrid regulariza hasta 251 viviendas de uso turístico irregulares en 2024

Suponen un crecimiento del 82% en el número de pisos que restablecen la legalidad voluntariamente

El Ayuntamiento de Madrid ha regularizado hasta 251 viviendas de uso turístico (VUT) irregulares en la capital durante 2024, según el balance de gestión de la Agencia de Actividades del pasado ejercicio, órgano que este martes celebrará su consejo rector, donde presentará el informe.

Desde el área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, con Borja Carabante al frente, han destacado en un comunicado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno municipal desde abril del año pasado para fomentar el uso de las viviendas como residenciales frente a la opción turística está «ofreciendo resultados positivos».

Esas 251 viviendas suponen un crecimiento del 82%, pisos en los que sus propietarios han decidido cumplir voluntariamente lo ordenado por la Agencia de Actividades ante la apertura del procedimiento. Supone un incremento muy importante respecto a 2023, cuando esta cifra fue de 138.

CASI 1.300 DENUNCIAS

En el balance anual, el servicio de Inspección y Disciplina de la Agencia de Actividades ha recibido en 2024 un total 2.310 escritos, de los que 1.299 son denuncias. De las inspecciones llevadas a cabo el pasado año se han detectado 623 viviendas dedicadas al uso turístico, lo que representa un incremento del 30% respecto a 2023.

El informe también recoge el inicio 490 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística, que afectan a un total de 578 viviendas. Esto representa un incremento de un 59% respecto a 2023, cuando se incoaron 308 expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística.

La agencia dictó el pasado año 337 resoluciones, ordenándose el cese de 405 VUT y archivando por restablecimiento de la legalidad otras 42, al no dedicarse éstas ya al uso turístico. En términos globales, por tanto, si se suman estas 42 VUT a las 251 que restablecieron la legalidad ante la apertura del procedimiento, son 293 las viviendas que han vuelto a destinarse al uso residencial a lo largo de 2024.

Igualmente se iniciaron 542 procedimientos de multas coercitivas, que mayoritariamente han provocado que de forma voluntaria los propietarios de las viviendas hayan restablecido la legalidad. Así ha ocurrido en 2024 en 251 viviendas que han dejado de dedicarse al uso turístico. Se han impuesto 89 multas coercitivas (de entre 1.000 y 3.000 euros).

SANCIONES DE HASTA 60.000 EUROS

Asimismo se han impuesto 92 sanciones por la implantación y desarrollo de un uso incompatible con la ordenación urbanística, derivado del ejercicio de la actividad de vivienda de uso turístico sin la preceptiva licencia. De ellas, 89 han sido por valor de 30.001 euros cada una y las tres restantes por valor de 60.001 euros cada una, por reincidencia.

En lo que afecta a las licencias de actividad correspondientes a los nueve primeros meses de 2024, entraron en la Agencia un total de 1.829 y se resolvieron un total de 1.824, un 3% más que en 2023. Respecto a las licencias residenciales, se ha incrementado su registro en la agencia: un 15,3% más, al pasar de 509 a 587.

PLAZOS

La resolución de estas licencias el pasado año se incrementó un 18,6% respecto a 2023, al pasar de 461 a 547 el pasado año. El balance de gestión constata que un 73% de las licencias iniciadas en el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024 han sido resueltas en ese mismo plazo. Por su parte, los técnicos de licencias han supervisado el cien por cien de las licencias urbanísticas tramitadas con intervención de entidades colaboradoras.

La Agencia de Actividades consolidó en 2024 los expedientes de licencia en 143 días. Esto supone una reducción del 27% respecto al año 2019, cuando se tardaba de media en esa misma gestión 196 días. La mejora en este terreno sobre los datos de 2023 es del 8,3%, cuando el tiempo medio de resolución de estos expedientes se situó en los 156 días.

A lo largo de 2024 aumentó en un 7,3% el número de declaraciones responsables urbanísticas presentadas, con un total de 10.784. De las 8.576 declaraciones responsables urbanísticas cuya comprobación final concluyó el pasado año, el 79,5% (6.785) fueron identificadas como eficaces.

INSPECCIÓN

En 2024, el Servicio de Inspección y Disciplina de la ADA registró 4.835 denuncias frente a las 4.986 de 2023. Esto supone un descenso superior al 3%. De la cifra total de denuncias, 2.101 procedieron de ciudadanos, asociaciones de vecinos y otras entidades particulares, 1.370 fueron realizadas por la Policía Municipal, 866 por los servicios dependientes del Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad y los distritos, además de las 498 de otras dependencias municipales.

Del estudio de estas denuncias destaca que se hayan reducido las formuladas por las asociaciones de vecinos y por los particulares en un 17% respecto a 2023 al haber pasado de 2.529 en 2023 a las 2.101 del pasado año.

De las denuncias formuladas por particulares, el 24,2% son relativas a la ejecución de obras (un total de 509) y el 75,8% tiene su origen en las molestias producidas por el ejercicio de actividades (1.592).

El número de inspecciones realizadas por este servicio se ha incrementado de forma considerable, casi un 90% al pasar de las 1.968 realizadas en 2023 a las 3.723 del pasado año. Este incremento es especialmente significativo por la entrada en vigor del Plan de Inspección Urbanística aprobado en 2024. El número de inspecciones realizadas dentro de este plan ascendió a las 1.590.

PLAN RESIDE

Fue en abril cuando se activó un plan de acción frente a las viviendas de uso turístico suspendiendo la concesión de nuevas licencias, endureciendo el régimen sancionador con multas de hasta 190.000 euros para los propietarios de VUT sin licencia municipal, reforzando la plantilla de inspectores y publicando el listado de las VUT que operan legalmente en la ciudad, con el detalle de su ubicación.

En noviembre, la Junta de Gobierno aprobó inicialmente el Plan Reside, con el doble objetivo de proteger el uso de la vivienda habitual y ubicar los pisos turísticos fuera de los edificios residenciales. Este plan, que acaba de pasar por el trámite de información pública, entrará en funcionamiento a lo largo de 2025.