Madrid rechaza que sea «insumisa» con Ley de Vivienda e insiste en que acude a la reunión para «solucionar el problema»

El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha rechazado que la Comunidad de Madrid sea «insumisa» con la Ley de Vivienda y ha insistido en que acude a la reunión para «intentar hacer políticas para solucionar el problema» y que «dependerá de ella» la posición que tome con las comunidades autónomas del Partido Popular.

Así lo ha manifestado este jueves antes de la Conferencia Sectorial de Vivienda que se celebra en el Ministerio y tras leer el comunicado conjunto de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, para expresar su «rotundo rechazo ante el intento del Gobierno de imponer sus fracasadas e inoperantes políticas de vivienda».

«En los últimos días, la ministra de Vivienda está atacando a las comunidades autónomas. Es la voluntad de la propia ley la que nos deja ejercer o no ese derecho de declarar zonas tensionadas. Así se lo vamos a manifestar hoy en esta conferencia sectorial. Nosotros no somos insumisos, como nos ha dicho. Estamos cumpliendo con la ley a todos los efectos», ha defendido el consejero madrileño ante los medios de comunicación.

Rodrigo ha asegurado que los consejeros populares de las diferentes comunidades autónomas traen «sus propias recetas» a la reunión y ha defendido que lo que quieren es «cambiar el sistema político de vivienda que está ejerciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez».

«Hay medidas alternativas para fomentar la oferta y, sobre todo, para que se construya más vivienda para los ciudadanos, especialmente para los jóvenes. Tenemos un planteamiento político y una Proposición de Ley que se va a presentar en los próximos días en el Congreso de los Diputados. Son unas políticas que consideramos que van a ser mucho más positivas y más óptimas para solventar el problema de la vivienda que tenemos actualmente», ha insistido.

«TOPAR LOS PRECIOS NO FUNCIONA»

Preguntado por las posturas alejadas entre el PP y el Gobierno antes de la Conferencia Sectorial, el consejero ha recalcado que «intentarán hacer políticas de vivienda para solucionar el problema» y que «dependerá de la ministra» la posición que tome con ellos.

Por otro lado, Rodrigo ha aseverado que topar los precios de las vivienda es una medida que «no funciona» y que se ha visto en capitales europeas como París, Berlín o Barcelona. «Lo dicen hasta los expertos, lo único que conlleva es que haya menos oferta y que suban los precios», ha señalado.

Finalmente, sobre la concentración convocada el próximo domingo, 13 de octubre, contra las subidas de los alquileres que se desarrollará en la capital, ha respondido que «las manifestaciones son un derecho y que no tiene nada más que decir».

COMUNICADO CONJUNTO DEL PP

Las autonomías gobernadas por los populares (Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Castilla y León y las ciudades de Ceuta y Melilla) se reafirman en su negativa a declarar zonas tensionadas en sus territorios, rechazando así intervenir los precios de los alquileres al considerar que este tipo de medidas tienen el efecto contrario: elevan los precios y recortan la oferta de vivienda.

En este sentido, defienden que ésta es una decisión potestativa, y por tanto legal, de las comunidades autónomas.

Asimismo, las comunidades del PP recuerdan al Gobierno que el Estado tiene la obligación de repartir de forma equitativa los recursos públicos, fomentando la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan. «No hacerlo así supondría un quebrantamiento del ordenamiento jurídico y legal y de las buenas prácticas de la gestión de los fondos estatales y comunitarios», avisan.

Por ello, rechazan «el procedimiento anunciado» por la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, de vetar de los fondos estatales a aquellas comunidades que no cumplan con la Ley de Vivienda, pues ello conllevará, denuncian, «un reparto desigual de los fondos procedentes de los impuestos de todos los españoles, condicionándolos a un posicionamiento político, de una ideología concreta».

«No toleramos la amenaza y el chantaje de la ministra de retirar los fondos a las comunidades autonómicas por no aplicar voluntariamente una medida contemplada en su Ley por el derecho a la Vivienda, que se ha demostrado perjudicial para los ciudadanos», subrayan.

Las comunidades gobernadas por los populares piden al Gobierno que dialogue con los representantes públicos para alcanzar acuerdos que permitan solucionar un problema «que ya es acuciante para una mayoría de la población española, abandonando la unilateralidad que presiden sus políticas en general, y la de vivienda en particular».

«Proponemos que la acción política de todos los representantes públicos en esta materia esté guiada por el diálogo, el planteamiento técnico riguroso y la evaluación de las políticas públicas. Las acciones de confrontación, los planteamientos extremistas y la imposición ideológica deben ser eliminados del legítimo debate político en una materia tan delicada para los ciudadanos como es el acceso a una vivienda», aseguran las comunidades del PP.