Madrid carga contra Díaz por pedir a Fiscalía impugnar convenio de funcionarios: «Es un atentado contra los acuerdos»

«Es una intromisión intolerable y un atentado contra los acuerdos, la negociación y contra la paz social», lanza

La Comunidad de Madrid ha cargado contra la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, después de que haya solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen contra el nuevo convenio de los funcionarios al considerar que puede restringir el derecho a la protesta de los empleados públicos de la región.

«Es una intromisión intolerable y un atentado contra los acuerdos, la negociación y contra la paz social. Algo que ella no conoce y que no ha conseguido hasta ahora», ha criticado la consejera de Economía, Hacienda y Empleo, Rocío Albert, en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

La firma de este acuerdo tuvo lugar hace dos semanas en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, donde estuvieron presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF y CSIT-Unión Profesional.

Ayuso defendió entonces que el acuerdo «iba a asegurar la mejora de las condiciones laborales de sus funcionarios y de los servicios públicos». Además, explicó que el Gobierno regional invertirá 60 millones de euros en los próximos cuatro años (hasta el 31 de diciembre de 2028) para mejorar las condiciones retributivas, la formación y la carrera profesional de más de 40.000 empleados públicos.

Ante la petición de Díaz, la consejera madrileña ha criticado que Díaz «quiere boicotear un convenio firmado por unanimidad con todos los sindicatos que tienen representatividad». Asimismo, ha señalado que «el acuerdo cumple con todos los trámites legales previstos para el mismo».

«Quiere perjudicar a más de 40.000 trabajadores públicos que van a mejorar sus condiciones y que pueden llegar a incrementar su sueldo hasta un 50%. Lo que denuncia es un acuerdo entre dos partes: Administración y Organizaciones Sindicales. ¿Quién es la ministra para tutelar la acción de los sindicatos que han firmado?», ha señalado Albert.

LA SOLICITUD DE DÍAZ

Según explican a Europa Press fuentes del Ministerio de Trabajo, el artículo 10 y la disposición adicional décima de este convenio «abren la puerta» a que en caso de que se convoquen huelgas, concentraciones o manifestaciones por parte de sindicatos firmantes, la administración pueda acordar la «suspensión de la implantación de la carrera profesional horizontal, incluida la interrupción de sus efectos retributivos» del personal a su servicio.

El Ministerio de Trabajo expresa en las cartas remitidas este viernes a ambas instituciones que una cláusula de esta naturaleza «castiga el ejercicio de derechos fundamentales» como los de reunión, manifestación o libertad de expresión, constituye un «atentado evidente» a los derechos fundamentales.

También critican las citadas fuentes que implica una «degradación de la participación democrática» de las personas trabajadoras «todavía más llamativa», si cabe, al producirse en los convenios colectivos que rigen las relaciones laborales de los empleados públicos de una Comunidad Autónoma, en este caso la de Madrid.

Trabajo añade que se trata de una cláusula de paz que «desborda lo admisible» para este tipo de contenidos obligacionales, generando efectos más allá de las organizaciones firmantes y generando de forma «asombrosa consecuencias negativas» para las personas trabajadoras más allá de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica de libertad sindical.

CCOO PIDIÓ LA RETIRADA DE DOS ARTÍCULOS

La semana pasada, CCOO de Madrid pidió retirar dos artículos del nuevo convenio para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración regional que «podrían conculcar derechos fundamentales y laborales básicos».

«El convenio contiene dos artículos y una disposición adicional que podrían conculcar derechos laborales básicos y derechos fundamentales como los de: libertad sindical y el derecho de huelga e introduce medidas discriminatorias para el personal en función de su temporalidad o fijeza», detalló en un comunicado.

Desde el sindicato aseguraron que una vez han conocido el contenido de esos dos artículos y la disposición adicional, se han hecho «gestiones encaminadas a que se eliminaran los mismos del texto» y han instado a que «se paralizara o se aplazara la firma de dicho convenio hasta que fuera ratificado por las estructuras correspondientes del sindicato».

Tras «conocer el contenido» de los artículos, CCOO defendió que aprobó «por amplia mayoría» en su Consejo Regional instar «la retirada de los citados artículos del convenio y acuerdo o en su caso a la retirada de la firma del mismo».

«Siempre defendemos los derechos de las personas trabajadoras, independientemente de su condición laboral, prestando especial atención durante las negociaciones colectivas a incluir cláusulas de no discriminación y de defensa de los derechos fundamentales y, por supuesto, la salvaguarda del ejercicio de las libertades y no limitación de la acción jurídica y sindical», remarcó.

Desde el sindicato insistieron en que «no va a permanecer impasible ante lo que podría suponer un atropello a los derechos y libertades del conjunto de los trabajadores y trabajadoras y que se socave el prestigio de las CC.OO en su conjunto».