Los Tribunales de Cuentas de País Vasco y Castilla y León no detectaron irregularidades en los contratos de la pandemia

El fiscalizador castellano y leonés pide cambiar la ley para que las empresas deban acreditar su solvencia en los contratos de emergencia

Los máximos responsables de los órganos fiscalizadores de País Vasco y Castilla y León han ratificado este miércoles en el Congreso que no apreciaron irregularidades en los contratos de emergencia realizados por estas dos comunidades durante la pandemia del Covid-19.

Así lo han expresado la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Ana Helguera Líbano, y el presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia González, este miércoles durante sus comparecencias en la comisión de investigación del Congreso sobre los procesos de contratación de material sanitario durante la pandemia.

En concreto, la presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas ha subrayado que desde su administración no detectaron responsabilidad contable ni deficiencias reseñables en los contratos fiscalizados de aquella época. «Las entidades del sector público vasco fiscalizadas cumplieron de forma razonable la normativa legal que regulaba la contratación de emergencia», ha dicho, desvinculando además a la administración vasca de la trama Koldo en respuesta a una pregunta expresa del PP.

MAXIMIZAR LA TRANSPARENCIA PARA «DESALENTAR LA CORRUPCIÓN»

Eso sí, Helguera ha hecho hincapié en las recomendaciones formuladas por los órganos fiscalizadores europeos y nacionales destacando que la contratación de emergencia debería usarse lo mínimo, priorizando, si es posible otros procedimientos «menos restrictivos para la competencia, como el negociado sin publicidad, o bien recurrir a ampliar o modificar contratos ya existentes».

Además, la presidenta del fiscalizador vasco ha abogado por «maximizar la transparencia y la publicidad», de manera que la información sobre estos contratos esté disponible en datos abiertos de fácil acceso que faciliten el control. «La transparencia en la contratación de emergencia es crucial a la hora de desalentar la corrupción», ha dicho.

Asimismo, ha pedido que, «siempre que sea compatible con la atención a las necesidades urgentes» se procuren «cumplir en la medida de lo posible los principios generales de la contratación pública en cada una de las fases del procedimiento».

También ha resaltado la importancia que tienen tanto los órganos de intervención y las auditorías interna y externa en la prevención del fraude y la corrupción, así como la implantación de planes de medidas antifraude en las administraciones y de canales de denuncias.

Y LO MISMO EN CASTILLA Y LEÓN

También ha destacado el «cumplimiento razonable de la legalidad en los contratos de emergencia» realizados por la Junta de Comunidades de Castilla y León, el presidente de Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, que concluyó que todo se había realizado conforme a la ley salvo por «determinadas salvedades».

Entre ellas ha citado la falta de realización de cálculos previos para la determinación y adecuación del precio, la imprecisa definición del objeto del contrato, la falta de designación de un responsable del mismo, su no publicación el perfil del contratante y en el Diario Oficial de la Unión Europea así como la no notificación a la Junta de Castilla y León de los acuerdos tramitados por emergencia. También ha señalado que en algunos casos no se elaboraron las corrientes actas de recepción o certificado de conformidad de la totalidad del objeto del contrato.

Tras su fiscalización, el Consejo de Cuentas realizó seis recomendaciones, entre las que Amilivia ha destacado la necesidad de registrar adecuadamente los expedientes, de identificar los elementos básicos del contrato y la conveniencia de realizar actuaciones a posteriori, como la de subformalización y el cumplimiento de las obligaciones de publicidad.

Además, Amilivia ha destacado que se han registrado «incidencias comunes» en casi todas las comunidades, como los «problemas en el registro público de los contratos de emergencia, y ha apostado por abordar lo que considera «carencias» de la ley, por ejemplo en relación a la solvencia que deben acreditar las empresas, que, desde su punto de vista, deberían ser objeto de modificación en una eventual revisión de la Ley de Contratos del Sector Público.

INFORME SOBRE LOS FONDOS COVID, NO SOBRE CONTRATACIÓN

En esta jornada también ha comparecido el exconsejero Mayor del Consejo de Cuentas de Galicia José Antonio Redondo López, quien se ha dirigido a la comisión mediante videoconferencia por padecer Covid.

Sin embargo, ha explicado que «nada» de lo que hay recogido en el informe que él presentó como fiscalizador sobre la época de la pandemia se refiere a cuestiones de contratación de material sanitario o los asuntos a tratar en la comisión. Y es que ha detallado que ese informe se centró en el análisis de los fondos Covid recibidos por la comunidad autónoma para determinar si eran o no suficientes.