Los trabajadores de residencias que no quieren recibir la vacuna bajan de 2.300 a 1.909 en Aragón

ZARAGOZA, 28

La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha informado ante el pleno de las Cortes autonómicas de que ha habido una reducción de los trabajadores de residencias que no quieren vacunarse contra la COVID-19. En concreto, de los 2.300 que la rechazaron en un primer momento se ha pasado a 1.909.

Así lo ha expuesto en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada del PP en las Cortes de Aragón, Marian Orós, durante la sesión de control al Ejecutivo de este jueves, 28 de enero.

La consejera ha manifestado que no se puede «ni estigmatizar, ni culpabilizar» a los profesionales que todavía no quieren vacunarse, sino trabajar «con persuasión», dando información, como se ha hecho desde las direcciones de las residencias, «muy bien, además», y por parte de los servicios sanitarios.

Broto ha detallado que ya han recibido la primera dosis el 92 por cientos de los usuarios y trabajadores de residencias y el 22 por ciento la segunda, sin que hasta la fecha se hayan notificado efectos secundarios y, en el caso de las personas que se han contagiado tras recibir la primera dosis, «han tenido la enfermedad con mucha más levedad».

La consejera ha estimado que por muchas medidas que se adopten «no podemos conjurar que la COVID-19 no entre en alguna residencia», para remarcar que si en una localidad hay contagio comunitario, «corremos mucho riesgo» de que llegue a este tipo de centros.

Cuanto esto ocurre, ha contado, se realiza una monitorización de los establecimientos, ayudando con los planes de contingencia, la sectorización, desinfección e inspección. Broto ha precisado que en estos momentos hay una residencia intervenida, medida para la que se ha contado con una ratificación judicial.

Se trata de la residencia de mayores Villa de Ejea , en Ejea de los Caballeros, de titularidad privada, afectada por un brote desde el 11 de enero. Es la única que está en esta situación, después de haber sido preciso intervenir ocho residencias durante la primera ola de la pandemia.

BROTES

La diputada del PP, Marian Orós, ha pedido información ya que «para ser rigurosos» es preciso contar con ella y ha querido saber cuándo va a acabar el proceso de vacunación en las residencias y en cuantas ha habido brotes tras recibirla y qué medidas se han adoptado. A su entender, hubiera sido oportuno realizar test masivos antes de iniciar la vacunación para así «tener la foto fija», «por eficiencia».

Respecto a la negativa de trabajadores a recibir la vacuna, se ha interesado por los motivos que han llevado a estas personas a esta decisión, para estimar que la cifra inicial, de 2.300 supone el 20 por ciento de los profesionales y es «relevante», siendo que desarrollar su labor en los espacios «más afectados y castigados» por la pandemia.

En su opinión, este rechazo puede deberse a «miedo», «incertidumbre» y «desinformación», sobre todo a esta última y por eso ha considerado que se debería haber programado una campaña «persona a persona» para «explicar de manera sencilla y veraz qué es esta vacuna», que es «oportuna, segura y solidaria».

También ha indicado que en la primera fase de la vacunación se debería haber incluido a los trabajadores de ayuda a domicilio, centros de día y centros de convivencia. «Entiendo que en esta segunda fase van a incorporarlos».