Los trabajadores afectados por despidos colectivos en Cantabria caen un 62,6% hasta octubre por los ERTE

MADRID/

El número de trabajadores en despidos colectivos cayó un 62,6% en Cantabria entre enero y octubre en comparación con el mismo periodo del año anterior, con 89 trabajadores afectados, mientras que la cifra de trabajadores inmersos en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se ha multiplicado por más de 11 en el mismo periodo, hasta los 9.482 empleados, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social en los que se aprecia el impacto de la crisis del coronavirus y el uso de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).

Hasta octubre, el número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) autorizados por las autoridades laborales o comunicados a las mismas se ha disparado más de 800% en Cantabria en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 9.571 afectados, de los que el 99,07% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

En octubre, en Cantabria se contabilizaron 149 trabajadores afectados por ERE, todos ellos por suspensión de contratos o reducción de jornada.

En España, el número de trabajadores en despidos colectivos cayó un 71,5% hasta octubre, con 7.008 trabajadores afectados, mientras que los trabajadores en procesos de suspensión de contrato o reducción de jornada se ha multiplicado por más de 21, hasta los 985.391.

Hasta octubre, el número de trabajadores afectados ERE se multiplicó casi por catorce en comparación con el mismo periodo de 2019, hasta sumar 992.399 afectados, de los que el 99,2% formaban parte de expedientes de reducción de jornada o suspensión de contrato.

Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional, por lo que no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, de ahí las diferencias con el total de afectados por ERTE del que viene hablando el Ministerio (unos 3,4 millones de afectados en el pico máximo de abril y actualmente unos 750.000).

En el mes de octubre, 243 trabajadores de un total de 17.910 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (17.667).

SIETE DE CADA DIEZ EN PROCEDIMIENTOS POR FUERZA MAYOR

De los 992.399 trabajadores afectados por ERE en los diez primeros meses del año, casi siete de cada diez (669.129 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por más de 780 la del mismo periodo del año pasado (851 afectados).

Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 323.270 trabajadores hasta octubre, casi 4,6 veces que en los diez primeros meses de 2019.

Sin embargo, analizando sólo los datos de octubre, 15.349 afectados por ERE lo son por causas objetivas, mientras que 2.561 lo son por procedimientos de fuerza mayor.

MÁS AFECTADOS EN COMERCIO Y HOSTELERÍA

Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta octubre (278.784), junto a hostelería (160.776) y actividades administrativas (131.516), mientras que el menor número se registró en la Administración Pública (196), las industrias extractivas (735), el suministro de agua (2.152), actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales (2.786) y las actividades inmobiliarias (2.862).

Por comunidades autónomas, la que registró hasta octubre un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (258.075), seguida de Cataluña (181.549) y Andalucía (124.038).

Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 88.635 trabajadores afectados; Castilla y León, con 47.743, y País Vasco (43.409). Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (6.191) y Extremadura (8.154).

Como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se vio incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de ERTE generados.