Los talidomídios reclaman a Sanidad hasta 400 millones de euros ante la Audiencia Nacional
La Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (Avite) ha formalizado demanda ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en representación de sus socios afectados por la talidomida, por la que le reclama al Ministerio de Sanidad 400 millones de euros por «haber incumplido lo dispuesto en la LGPE 6/2018».
La demanda se sustenta en que primero la Proposición no de Ley de 26 de noviembre de 2016, aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, y posteriormente la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018 en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecían la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España: una con cargo a los presupuestos públicos, y otra con cargo a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad por la tragedia, según exige el texto de la ley.
A pesar de que la PNL establecía fecha límite para esto 2018, y de que han transcurrido más de dos años desde la aprobación de la LGPE 2018, los talidomídicos denuncian que el Gobierno «ha incumplido de plano su obligación»: «No ha concluido el registro de los afectados de la talidomida en España conforme al protocolo que el propio Ministerio estableció al efecto hace ya tres años. No ha procedido al pago de ninguna de las ayudas contempladas en la ley a favor de los afectados. No consta que haya exigido a la farmacéutica propietaria de la patente la parte adicional que le corresponde pagar».
Avite critica que España «tiene el triste honor de ser el país que peor ha tratado a sus compatriotas víctimas: primero durante la dictadura franquista les negó la existencia desde 1950; luego permitió que la talidomida se siguiera dispensando a las embarazadas hasta 1985, siendo que en todos los países fue retirada cuando se supo de sus efectos en 1961; más tarde, ni los reconoció ni los indemnizó durante casi 70 años; y por si todo esto fuera poco, ahora ni siquiera les paga lo que obliga la Ley».
