Los siete CDR imputados por terrorismo pasan a módulos de Soto del Real tras la evaluación de los técnicos en ingresos
Los siete integrantes del ERT (Equipo de Respuesta Táctica), la facción presuntamente violenta de los Comités de Defensa de la República (CDR), han pasado a ocupar celdas de los módulos de la cárcel de Soto del Real tras la evaluación de los técnicos durante su instancia en el de ingresos, donde han estado desde el pasado jueves por la tarde, cuando la Audiencia Nacional ordenó el ingreso en prisión de forma preventiva, según han confirmado a Europa Press fuentes penitenciarias.
Tras la operación de la Guardia Civil el 23 de septiembre con nueve detenidos por presuntamente integrar una facción violenta de los CDR con planes avanzados para actuar entre el aniversario del 1-O y la sentencia del procés , el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ordenó el ingresó en prisión para siete de ellos, acusados de los delitos de pertenencia a grupo terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 considera que existen indicios de que los siete integrantes del ERT (Equip de Resposta Tàctica) forman parte de una facción de los CDR con una «estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta».
García Castellón entendió que en el presente caso concurren los requisitos para acordar la prisión, como son la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían los detenidos en caso de estar en libertad, la posible sustracción a la acción de la justicia, así como la posible reiteración delictiva.
La Fiscalía consideró que la organización de la que forman parte presuntamente los detenidos tiene «naturaleza terrorista» y su finalidad era «subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública». A su juicio, la gravedad de las penas que acarrean estos delitos, así como el «riesgo de que se pudieran materializar las conductas que se planeaban y de destrucción de pruebas», llevaron a solicitar la medida de prisión provisional sin fianza.
