Los secuestradores de 17 estudiantes de una universidad de Nigeria amenazan con ejecutarlos este martes

La banda armada que mantiene secuestrados a 17 estudiantes secuestrados en abril tras un asalto contra una universidad en el estado nigeriano de Kaduna (norte) ha amenazado con ejecutarlos este mismo martes en caso de que las autoridades del país africano no dan respuesta a sus exigencias.

Un total de 22 estudiantes fueron secuestrados en el marco de un ataque ejecutado el 20 de abril contra la Universidad Greenfield, cinco de los cuales han sido asesinados durante los últimos días. Sus cuerpos han sido recuperados por las autoridades.

El líder de la banda, identificado como Sani Jalingo, ha amenazado con ejecutar al resto si el Gobierno no paga un rescate de cien millones de nairas (cerca de 220.000 euros) y entrega diez motocicletas al grupo, en el marco de una entrevista concedida a la emisora estadounidense Voice of America.

Así, ha reclamado al gobernador de Kaduna, Nasir el Rufai, que se tome en serio la amenaza y ha recalcado que el grupo está dispuesto a llevarla a cabo. El Rufai ha reiterado en varias ocasiones que mantendrá su política de no pagar rescate a bandas criminales o grupos armados.

Baleri ha resaltado además que la demanda supone una cifra inferior a los 600 millones de nairas (alrededor de 1,3 millones de euros) reclamados en un primer momento y ha desvelado que los familias han entregado 45 millones de nairas (unos 100.000 euros) que han sido destinadas a comprar comida a los rehenes.

Asimismo, dos de los estudiantes secuestrados han hablado durante la citada entrevista para pedir al Gobierno y a sus padres que se tomen la amenaza en serio. «Lo dicen en serio, porque ya han matado a varios», ha afirmado Idris, uno de los rehenes.

Este tipo de incidentes han ido al alza en los últimos meses y han llevado a las autoridades de varios estados del país a cerrar las escuelas para intentar garantizar la seguridad de alumnos y profesores mientras evalúan la situación sobre el terreno.

El presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, anunció a principios de abril el cese del inspector general de la Policía, Mohammed Adamu, ante el repunte de la violencia, que se ha extendido del noreste –donde operan varios grupos yihadistas– a otros puntos del país.