Los psiquiatras rechazan la Ley de Salud Mental de Podemos porque «conseguirá lo que quiere evitar»

La Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) se ha posicionado en contra de la Proposición de Ley General de Salud Mental, realizada por Unidas Podemos y que fue admitida a trámite a finales de septiembre en el Congreso, ya que consideran que «de aprobarse, conseguirá lo que, en teoría, dice querer evitar».

«El tener una ley específica, el regular lo que no se hace en otras áreas de la medicina, el dar por sentado que las personas con trastornos mental deben recibir un trato distinto al del resto de personas, o que los profesionales de la salud mental, incluidos los psiquiatras, no hacen una buena labor o debe protegerse a la sociedad de los mismos, son todos ejemplo de estigma», denuncian en un comunicado.

Así, consideran que «no distinguir entre síntomas y trastornos mentales conseguirá la psicologización y psiquiatrización de fenómenos que nada tienen que ver con los trastornos mentales como los define la Organización Mundial de la Salud (OMS)».

«Esta ley, centrada en la pobreza, la opresión social, el patrono opresor, etc. está tan alejada de la práctica clínica habitual y de los problemas reales de las personas con trastornos mentales graves que lo único que conseguirá será diluir las carencias actuales de la atención en salud mental con otros problemas de la sociedad, alejados de lo que se considera patológico», critican.

Además, lamentan que «no se habla en todo el documento de los trastornos mentales graves, que son los que ocupan el quehacer principal de la atención en salud mental de nuestro país y los que sufren las carencias del sistema en número de profesionales: recursos intermedios, listas de espera, plazas de hospitales de día y centros de rehabilitación, políticas de integración en la vida laboral, etc».

«Se cita continuamente los malestares psicosociales y malestares de la vida cotidiana, pero no se nombra ni una vez la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el autismo, las demencias o los trastornos obsesivos-compulsivos», insisten al respecto.

En este contexto, se posicionan claramente en contra de la propuesta de Ley: «¿Busca realmente esta Ley la prevención y el mejor tratamiento y cuidado de estas personas o se usa la terminología «salud mental» para otros intereses alejados de las necesidades reales de las personas y más cercanos a aspectos sociales, económicos y laborales del conjunto de la población?».

De la misma forma, consideran que la Ley «está plagada de apriorismos falsos y contrarios a los datos y evidencia de años de investigación en este campo». «La única vez que se hace referencia a dicha evidencia se habla de filósofos contemporáneos vinculados a sistemas filosóficos muy concretos. Lo que no hace más que reforzar la idea de que esta es una ley más del ámbito de la filosofía y sociología que de los trastornos mentales; al menos como los entiende la OMS y el resto del mundo civilizado», agregan al respecto.

Para los psicólogos, uno de los grandes problemas de este documento es que «se intenta dar la impresión de que los trastornos mentales (aunque de lo que realmente se habla es de síntomas; «malestar subjetivo»), son producto de problemas sociales, dando una explicación reduccionista a un problema mucho más complejo».

«Desde hace décadas, toda evidencia científica demuestra que cualquier trastorno mental tiene componentes biopsicosociales, y no solo de cada una de estas dimensiones. Desde la exposición de motivos, la Propuesta de Ley está impregnada de apriorismos no sustentados por la evidencia científica. Por ejemplo, cuando se afirma que otros factores culturales, como la difusión de discursos individualistas que ponen el foco en la autoexigencia y en la hiperresponsabilización individual, obviando las causas y estructuras sociales, contribuyen a perfilar una sociedad del cansancio en la que las personas tornan en empresarias de sí mismas, como han diagnosticado algunos filósofos contemporáneos «, ejemplifican.

Por ello, creen que «si fuera como aparece en el texto, los países más desarrollados tendrían menos (o simplemente no tendrían) trastornos mentales». «Esto no solo no es cierto, si no que en muchos casos es lo contrario. La mortalidad por trastorno mental es mayor en el Reino Unido que en Bulgaria, hay más prevalencia de trastornos mentales en Francia que en Rumanía. Si los trastornos mentales fueran causados exclusivamente por aspectos sociales (pobreza, opresión, etc.) su aumento en estos últimos dos años hablaría muy mal de la gestión del Gobierno de España. Incluso hay patologías como los trastornos de la conducta alimentaria o las adicciones comportamentales que ocurren más en países desarrollados. No parece que niveles socioeconómicos altos protejan de dichos trastornos o influyan en la aparición de otros trastornos mentales graves», insisten al respecto.

En este punto, recuerdan que «los estudios confirman, por ejemplo, que la incidencia de esquizofrenia es similar en países de distinto nivel socioeconómico»; o que «incluso el trastorno por déficit de atención e hiperactividad tiene una prevalencia similar entre países, culturas y regiones del mundo cuando se controla por los diversos factores de confusión».

«En suma, la Propuesta de Ley está impregnada de aseveraciones que provienen de terrenos alejados a la atención clínica de los trastornos mentales, y confunde sistemáticamente la respuesta adaptativa del ser humano a las dificultades o la mera aparición de síntomas (cansancio, descontento, preocupación, malestar, etc.) con los trastornos mentales», remachan.