Los promotores de la ley contra la tauromaquia deben tener 500.000 firmas en febrero para que se debata en el Congreso
Si logran ese umbral mínimo, el Pleno estará obligado a decidir si la tramita o no a más tardar en otoño de 2025
Los promotores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que busca la derogación de la norma que regula la tauromaquia como patrimonio cultural tienen hasta el próximo mes de febrero para reunir el medio millón de firmas que necesitan para que el texto esa debatido en el Pleno del Congreso.
La Mesa de la Cámara les ha dado tres meses más de plazo para que puedan seguir recabando apoyos en una campaña que, bajo el nombre de No es mi cultura arrancaron el pasado mes de enero cuando registraron su ILP en la Cámara Baja.
Entonces, el órgano de gobierno de la Cámara remitió el texto a la Junta Electoral Central (JEC) que, según establece la ley, será la encargada de comprobar la validez de las firmas que se recojan en favor de la iniciativa.
Inicialmente se dio a los promotores un plazo de nueve meses para reunir apoyos pero antes de que concluya ya han decidido hacer uso la facultad que les confiere la ley para pedir una prórroga. Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, se les han concedido otros tres meses.
COMPARECENCIA EN LA COMISIÓN DE CULTURA
En concreto, el plazo definitivo, puesto que no puede ampliarse más, finaliza el 19 de febrero de 2025. Si para esa fecha han conseguido que medio millón de personas suscriban la ILP, el texto podrá someterse a debate en el Pleno del Congreso, que deberá decidir si lo admite o no a trámite.
Ese primer debate debe producirse en un plazo máximo de seis meses, aunque antes la persona designada por la comisión promotora será llamada a comparecer en la Comisión de Cultura del Congreso para exponer los motivos que justifican la presentación de la iniciativa.
Los impulsores de No es mi cultura quieren derogar la ley de patrimonio cultural de la tauromaquia, que data de 2013, porque, según denuncian, priva a los ayuntamientos y autonomías de poder regular las manifestaciones del patrimonio cultural propio y «protege a la tauromaquia por encima de cualquier otra manifestación cultural o artística».
NO LA CONSIDERAN PATRIMONIO CULTURAL «COMÚN»
Según destacan, la ley que quieren derogar reconoce que «la fiesta de los toros y los espectáculos taurinos populares están sujetos a constante evolución, sin que se puedan hacer conjeturas sobre de qué manera se adaptarán a las sensibilidades cambiantes». «Pues bien –remarcan–, dicha evolución se ha plasmado en un notable descenso del número de espectáculos taurinos».
Además rebaten una de las bases de esa ley, la de que «tauromaquia forma parte del patrimonio histórico y cultural común de todos los españoles» y por eso es «digno de protección en todo el territorio nacional».
En este sentido, aducen que «los espectáculos taurinos constituyen una excepción en el marco de la legislación de protección de los animales a nivel estatal y autonómico, por lo que no es pertinente seguir manteniendo dicha manifestación cultural como patrimonio cultural común».
