Los países del ALBA denuncian la resolución de la OEA «sobre asuntos internos de Venezuela»
Los países miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) han expresado este lunes su rechazo a la resolución aprobada el viernes por la Organización de Estados Americanos (OEA) que pide la publicación de las actas de las elecciones presidenciales venezolanas del 28 de julio.
«Esta resolución improcedente, promovida fundamentalmente por Estados Unidos, representa otra intromisión abierta en los asuntos internos de Venezuela y confirma, una vez más, el rol servil de la OEA ante Washington para impulsar planes golpistas, desconociendo las instituciones del Estado venezolano para solventar sus asuntos», señala el texto del ALBA, publicado en redes sociales.
El documento recuerda que Venezuela no es miembro de la OEA desde 2019 y que, en consecuencia, «esa organización carece de facultad alguna para tratar asuntos relacionados con Venezuela y, mucho menos, para inmiscuirse de manera tan tendenciosa en sus asuntos nacionales».
«Venezuela es una nación soberana, libre e independiente, cuyo pueblo sabio se ha caracterizado por su profunda vocación democrática y pacífica, desarrollando incluso un modelo de democracia popular único en el mundo: la democracia participativa y protagónica», ha resaltado.
Por todo ello, «exige el respeto a la voluntad soberana del pueblo venezolano y al funcionamiento soberano de sus instituciones y hace un llamado a la OEA a ocuparse de sus propios asuntos y de las crisis sociales, económicas y de gobernabilidad que sufren varios de sus estados miembros, especialmente en Estados Unidos».
La resolución del Consejo Permanente de la OEA pide de forma unánime a Venezuela que publique las actas electorales e insta a las partes a «abstenerse de cualquier conducta» que pueda comprometer la construcción de una salida pacífica de esta crisis.
El texto se refiere también al «respeto de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales, el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona, especialmente el derecho a reunirse pacíficamente y al ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos sin represalias, el derecho a no ser sometido a detenciones ni encarcelamientos arbitrarios, y el derecho a juicio imparcial».
