Los países de la UE se comprometen a trabajar para garantizar el acceso a una vivienda «digna»
Expresan en la Declaración de Gijón la voluntad y el deseo de ser ambiciosos en las respuestas al sinhogarismo
GIJÓN, 14
Los ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano de la UE han firmado este martes la Declaración de Gijón , un documento conjunto en el que ratifican la importancia de seguir trabajando para garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada.
De igual forma, se comprometen a impulsar un parque suficiente de viviendas asequibles, así como a promover entornos construidos «más sostenibles, saludables e inclusivos, y respetando plenamente las competencias nacionales».
En el texto, que pone el colofón a la reunión informal ministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano, celebrada en Laboral Ciudad de la Cultura, en Gijón, los países miembro destacan la necesidad de continuar desarrollando políticas que garanticen el acceso a una vivienda digna y adecuada en, «bajo los principios de subsidiariedad y de cooperación entre todos los niveles de gobierno».
Asimismo, se reconoce la falta de vivienda a precios asequibles, al tiempo que hacen un llamamiento para ofrecer soluciones de vivienda o de financiación a los hogares con rentas medias y bajas, a las personas sin hogar y a otros grupos vulnerables, así como a los jóvenes y a las personas con discapacidad, teniendo en cuenta sus necesidades específicas.
También se insiste en la Declaración en la necesidad de estimular un parque de viviendas adecuado, en particular en aquellas zonas con un mercado residencial tensionado, prestando especial atención a la oferta de vivienda asequible.
Se quiere, para ello, reforzar los instrumentos normativos y desarrollar una estrategia global en aquellos lugares en los que han surgido impedimentos debido a fenómenos como el alquiler a corto plazo, para mantener la capacidad de desarrollar espacios y equipamientos adecuados en favor de una política de vivienda asequible, así como la mejora de los procedimientos administrativos.
Además, se reconoce la importancia de mejorar los sistemas de financiación para el desarrollo de la vivienda, en particular para los alquileres sociales o asequibles, como puedan ser modelos de colaboración público-privada.
Al tiempo, se ponen en valor los «importantes» recursos financieros europeos disponibles para la renovación de edificios, especialmente los fondos Next Generation.
Unido a ello, los países miembro instan a la Comisión Europea a que refuerce los mecanismos actuales para complementar los planes de apoyo nacionales, regionales y locales en el sector de la vivienda.
Por otra parte, invitan en el documento a la Comisión Europea a estudiar la definición de vivienda social, «que puede considerarse un servicio de interés económico general para facilitar la aplicación de las ayudas estatales en las políticas de vivienda», han destacado.
«Nos comprometemos a reforzar la dimensión territorial de las políticas de vivienda, ya que los hogares no están aislados, sino situados en entornos urbanos y rurales, mediante un enfoque territorial integrado», se resalta en la Declaración de Gijón.
GOBERNANZA MULTINIVEL
Además, se reconoce en el documento que las políticas urbanas nacionales a que se refiere la Nueva Carta de Leipzig, en el marco de la Agenda Urbana para la UE, son un instrumento de gobernanza a distintos niveles que facilita la coordinación entre administraciones, mejora la coherencia de las políticas, y promueve un enfoque integrado para lograr ciudades y pueblos más competitivos económicamente, más sostenibles medioambientalmente, y más inclusivos.
Por otro lado, se recalca la importancia de mejorar el estado del parque de viviendas existente, con un enfoque basado en el ciclo de vida, afrontando retos como la conservación, la funcionalidad y la accesibilidad adecuadas de los edificios, así como la sostenibilidad, considerando que los edificios residenciales son responsables de una parte significativa del consumo de energía y de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.
Los países miembro de la UE llaman, asimismo, en esta Declaración, a que la transición ecológica en el sector inmobiliario vaya acompañada de medidas sociales.
En el documento, se reconoce, también, que la arquitectura de alta calidad beneficia el bienestar de toda la ciudadanía y tiene un amplio potencial transformador.
Sobre este punto, se incide en que, para garantizar esta calidad, es necesario promover «la investigación, la innovación, la digitalización, la industrialización y la creatividad, implementando acciones que permitan mejorar los entornos construidos y la calidad de vida de la ciudadanía, sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras». «En este sentido, la conservación y promoción de nuestro patrimonio arquitectónico, urbano y paisajístico desempeña un papel fundamental», se añade.
En el documento, por otra parte, se acuerda que debe avanzarse en la aplicación de los valores fundamentales de la Nueva Bauhaus Europea en el ámbito de la vivienda y las zonas residenciales, reforzando, para ello, la calidad de la arquitectura y el diseño para transformar espacios, con beneficios para el orgullo cívico, la inclusión y la sostenibilidad para el bien común.
Además, se considera «trascendental» continuar apoyando la industria de la construcción residencial en todos los niveles de decisión, como sector estratégico en la reactivación de la economía y la creación de empleo, estimulando mejoras regulatorias para reducir obstáculos al desarrollo, y promoviendo el crecimiento y sostenibilidad del sector, apoyando la industrialización, la digitalización y la modernización.
DAR RESPUESTA AL SINHOGARISMO
También expresan la voluntad y el deseo de ser ambiciosos en las respuestas al sinhogarismo, de promover marcos estratégicos nacionales, regionales y locales, y de aplicar soluciones que respeten plenamente los derechos humanos, y que se centren en una vivienda estable, segura y asequible y en un apoyo personalizado.
Con todo, los ministros responsables en materia de Vivienda y Desarrollo Urbano, respetando el principio de subsidiariedad, han destacado en el texto acordado la necesidad de reforzar el apoyo al impulso y aplicación de políticas que faciliten el acceso a una vivienda asequible, en un entorno edificado de alta calidad, saludable, inclusivo y medioambientalmente sostenible, en los entornos urbanos y rurales, mejorando la gobernanza y compartiendo las buenas prácticas y las experiencias positivas de los distintos países.
El documento firmado trata de dar respuesta a los retos de los últimos años en materia de vivienda y desarrollo urbano, acentuados por la pandemia de la COVID-19 y el conflicto en Ucrania, como la carestía de la vivienda, una creciente falta de oferta de viviendas asequibles y las dificultades de acceso a esta de rentas medias y bajas, sobre todo jóvenes y grupos vulnerables.
También se ha incidido en que la mayor parte de la población europea vive en zonas urbanas, por lo que surgen dificultades a la hora de encontrar una vivienda adecuada y asequible.
En este contexto, ven importante la colaboración entre todos los niveles de gobierno (europeo, nacional, regional y local) a través de instrumentos de gobernanza multinivel, y a la Agenda Urbana como instrumento clave de esta.
También han aludido a la transformación del modelo económico hacia uno más sostenible, guiado por el Pacto Verde Europeo y al «enorme potencial» de la sostenibilidad para el desarrollo urbano, desde una perspectiva social, ecológica y adaptativa, para garantizar que las viviendas se adapten al cambio climático.
Consideran, también, que el parque inmobiliario europeo debería adaptarse para responder a las exigencias, «en términos de calidad, funcionalidad y accesibilidad de los edificios, así como de eficiencia energética y conservación».
