Los minoritarios de Duro Felguera dicen que la vuelta al parqué de la firma asturiana «carece de lógica»


El Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera ha destacado que levantar la suspensión de la cotización de la compañía de ingeniería asturiana «carece de lógica y sólo puede conllevar un desplome de la cotización en perjuicio de los accionistas», según ha explicado en declaraciones a Europa Press.

En este contexto, Duro Felguera volverá a cotizar este viernes en el Mercado Continuo tras haber sido puesta a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) «información suficiente» de las circunstancias que aconsejaron la adopción del acuerdo de suspensión.

El presidente del SAM, Eduardo Breña, ha indicado que los minoritarios desconocen el motivo que ha llevado a alzar la suspensión de la cotización de Duro Felguera tras haberse comunicado a la CNMV la solicitud de preconcurso.

La compañía asturiana, que marcó un último precio de 0,5040 euros en su último día de cotización en el Mercado Continuo, regresa al parqué dos días después de anunciar que ha solicitado el preconcurso de acreedores ante los Juzgados de los Mercantil de Gijón con la finalidad de iniciar una negociación para la aprobación de un plan de reestructuración, que permita su viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posible en la compañía.

Dicha solicitud de comunicación de negociación con los acreedores permitirá a Duro Felguera el desarrollo de las actuaciones oportunas para la búsqueda de una solución a los litigios que le afectan, entre otros y particularmente, los relacionados con el proyecto de Djelfa en Argelia.

Duro Felguera ha asegurado que continuará con su actividad normal ejecutando los proyectos en curso.

En referencia a la decisión del organismo supervisor, el SAM ha considerado «que tal decisión carece de lógica y sólo puede conllevar un desplome de la cotización en perjuicio de los accionistas».

«Creemos que no se debería haber alzado la suspensión de la cotización o que se debe proceder a decretar nueva suspensión hasta que existan noticias y/o comunicaciones de Duro Felguera informando a sus accionistas y al mercado de un plan de viabilidad o un acuerdo con los acreedores», ha concluido el sindicato.

El organismo supervisor decidió suspender la cotización de la compañía asturiana el pasado 25 de noviembre, después de que la compañía energética argelina Sonelgaz presentase ante la Cámara de Comercio e Industria de Argelia una solicitud de arbitraje contra Duro Felguera por la suspensión del contrato de Djelfa en Argelia.

En dicha solicitud, Sonelgaz pedía levantar la suspensión del contrato y reanudar los trabajos, así como una indemnización de unos 413 millones de euros.

CARTA A LA CNMV

Este jueves, Duro Felguera ha remitido una carta a la CNMV en la que ha explicado los impactos registrados en relación con el proyecto de Djelfa en Argelia en los estados financieros intermedios a 30 de junio de 2024 y que han requerido la reexpresión de las cifras comparativas del ejercicio 2023, que pasan por unas pérdidas de 48,8 millones de euros entre enero y junio del año pasado, frente a las ganancias de 1,6 millones que había notificado inicialmente.

Según su cuenta de resultados intermedia, el resultado en el primer semestre de 2023 fue de 1,6 millones, si bien con el impacto negativo del proyecto de Djelfa, de 50,4 millones, la compañía registró unas pérdidas de 48,8 millones de euros en cifras reexpresadas.

Como resultado del registro contable realizado, el pasivo a 1 de enero y a 31 de diciembre de 2023 se incrementó en 49 y 99 millones de euros, respectivamente, mientras que el patrimonio neto a 1 de enero y a 31 de diciembre de 2023 se redujo en 49 y 99 millones de euros, respectivamente.

De su lado, el nuevo tratamiento contable del proyecto argelino parte del escenario de ejecución de la totalidad de la construcción, que considera la actualización de costes del presupuesto inicial sin ningún tipo de reequilibrio económico por parte de Sonelgaz –el cliente– y el importe máximo de penalidad que se encuentra en disputa desde el ejercicio 2021, conlleva la dotación de una provisión de 99 millones de euros.

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