Los letrados del Congreso sostienen que la Cámara no puede investigar si Juan Carlos I vendió armas ilegalmente

La Mesa de la Cámara analiza este martes dos nuevas peticiones sobre el Rey emérito suscritas por socios del Gobierno

Los letrados del Congreso han vuelto a mostrarse contrarios a la tramitación de iniciativas destinadas a la que la Cámara investigue presuntas actividades ilícitas de Juan Carlos I, en concreto a las dos últimas peticiones registradas con ese fin, entre ellas una que pedía abrir pesquisas sobre todo los relacionado con su participación en la «venta ilegal de armas».

Y lo hacen con los mismos argumentos que venían esgrimiendo hasta ahora para rechazar que se dé el visto bueno a este tipo de iniciativas: que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad y que distribuye libremente la cantidad global que recibe cada año de los Presupuestos Generales del Estado para el sostenimiento de su Familia y Casa.

La Mesa del Congreso tiene previsto analizar este martes las dos últimas peticiones para investigar al Rey que se han registrado en la Cámara. En ambos casos, los servicios jurídicos han hecho la misma propuesta desestimatoria que, previsiblemente, como ha ocurrido hasta ahora será atendida con los votos de PSOE, PP y Vox. Sólo Unidas Podemos viene apoyando la tramitación de este tipo de iniciativas.

«Comunicar a los Grupos Parlamentarios autores del presente escrito que no procede su admisión a trámite teniendo en cuenta la posición institucional de la Jefatura del Estado en el marco constitucional y, especialmente, lo dispuesto en los artículos 56.3 y 65 de la Constitución, así como la interpretación que a este respecto se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y los precedentes existentes en la Cámara», reza la nota de los letrados, a la que ha tenido acceso Europa Press.

NEGOCIOS CON KHASHOGGI

En concreto, Más País-Equo, Compromís ERC, Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP, Más País-Equo, Compromís, BNG y Nueva Canarias, han solicitado crear una comisión de investigación sobre la supuesta «venta de armas de manera ilegal por parte de Juan Carlos I», desvelada por público.es .

Según este periódico digital, Juan Carlos I habría reunido su fortuna con el dinero que obtenía por la venta de armas a países árabes junto a su amigo Manuel Prado y Colón de Carvajal y el traficante de armas Adnan Khashoggi.

En este contexto, los firmantes de la iniciativa reclaman, entre otras cosas, que la Cámara investigue si las empresas públicas españolas Instituto Nacional de Industria y Fomento del Comercio Exterior, participadas de la sociedad Alkantara Iberian Exports «sirvieron como pretexto» para que Juan Carlos I «y sus cómplices», se beneficiaran de las posibles actividades de comisionista derivadas de la venta de armas realizada por esa empresa.

ESTRUCTURAS OPACAS Y BLANQUEO

Según las informaciones publicadas, Alkantara Iberian Exports se creó en 1978 con sede en Londres, su presidente era el amigo del Rey emérito, y estaba participada en un 25% por el Instituto Nacional de Industria y en otro 25% por Fomento del Comercio Exterior, que formaba parte del Banco Exterior de España, pero operaba desde Panamá.

Además, estas formaciones quieren que se esclarezca si las exportaciones de armamento realizadas por esta empresa se ajustaron a los cauces legales y administrativos establecidos, así como la existencia de «posibles estructuras opacas», con participación del entonces jefe del Estado, para la adjudicación de contratos comerciales.

La comisión de investigación debería ocuparse, asimismo, de analizar las posibles cuentas irregulares de Juan Carlos I en paraísos fiscales y el origen de sus fondos, así como si incurrió en blanqueo de capitales y las «posibles actividades como comisionista» del padre de Felipe VI y de los responsables jurídicos de las empresas participadas.

Esta es la décimo cuarta petición de comisión de investigación sobre el Rey emérito que se registra en lo que va de legislatura y la Mesa del Congreso también analizará este martes la anterior, que lleva la firma de todos los partidos que suscriben la relativa a supuesta venta de armas, salvo Nueva Canarias.

Esta otra petición, que los letrados también recomiendan inadmitir, busca abrir pesquisas sobre supuestas irregularidades de los «miembros de la Casa Real y las influencias políticas, diplomáticas y comerciales con Arabia Saudí».