Los letrados del Congreso dicen que la Cámara no puede sancionar a Fernández Díaz y remite a los grupos a la Fiscalía
Los servicios jurídicos del Congreso son contrarios a atender las peticiones presentadas por Unidas Podemos por un lado y, por otro, por las formaciones independentistas de la Cámara, para que la Mesa del Congreso actúe contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al que acusan de haber mentido en sendas comisiones de investigación sobre su relación con el ex comisario José Manuel Villarejo. En ambos casos alegan que esas comisiones de investigación ya se han cerrado, si bien admiten que los grupos podrían acudir directamente a la Fiscalía.
Los citados grupos registraron sus peticiones tras desvelar la semana pasada el diario El País que Fernández Díaz se reunió varias veces en la sede del ministerio con el policía entre 2012 y 2016, en contra de lo que él mismo había afirmado ante la comisión del Congreso que investigó la Operación Kitchen y también en la que tuvo lugar en 2017 sobre la conocida como Operación Cataluña .
En sus respectivos escritos, estas formaciones recalcaban que el artículo 502.3 del Código Penal prevé penas de prisión de seis meses a un año o multa de seis a doce meses para quien falte a la verdad en su testimonio ante una comisión de investigación parlamentaria.
Además, los independentistas hacían hincapié en que la ley que regula las comparecencias ante este tipo de órganos establece que «si de las manifestaciones del compareciente se dedujeran indicios racionales de criminalidad para alguna persona, la comisión lo notificará a la Mesa de la Cámara para que ésta, en su caso a través de la Presidencia respectiva, lo ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Mientras que Unidas Podemos pedía que la Mesa estudiara la posibilidad de imponer sanciones al exministro, los independentistas solicitaban directamente a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que informara a la Fiscalía de que Fernández Díaz no había dicho la verdad en el Congreso.
Pero los letrados sostienen que ambas comisiones de investigación ya se han cerrado -apuntando que la relativa a la Operación Cataluña de hecho se realizó en una legislatura ya concluida- por lo que «no existiría cauce reglamentario para articular una solicitud» de este tipo. «Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de dirigirse directamente al Ministerio Fiscal al amparo de la legislación procesal», apuntan, no obstante, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
